l ex gobernador interino de la provincia, Juan Carlos Arcando, dictó un decreto el último día de su gestión de ocho jornadas al frente del Poder Ejecutivo, que benefició al ex gobernador Carlos Manfredotti, al reabrirle la vía judicial para un reclamo relacionado con su haber jubilatorio que ya había sido agotado.
Desde que dejó la gobernación en 2004, Manfredotti se encuentra en permanente litigio con el ex IPAUSS y actual Caja de Previsión Social, y entre sus múltiples reclamos figura que su haber jubilatorio sea referenciado al sueldo de un senador nacional, cargo que ejerció entre 1995 y 1999.
El fundamento central es que, en ese entonces, los senadores eran elegidos por la legislatura de la provincia, y que por lo tanto debían ser entendidos como cargos provinciales.
Manfredotti solicita también que variables como el ítem zona patagónica, o los viáticos que percibía como senador, sean considerados para el cálculo de su haber previsional.
La Caja de Jubilaciones le rechazó todas esas posibilidades, y el ex gobernador perdió la chance de acudir a la Justicia porque dejó vencer un plazo previsto en la nueva ley jubilatoria.
Sin embargo, el decreto 4475/19 firmado por Arcando, reabre la discusión que ya se encontraba cerrada, y advierte que el ex mandatario podría acudir al Superior Tribunal de Justicia mediante una acción declarativa de certeza, pese al plazo procesal vencido.
La medida suscripta por el ex vicegobernador que asumió la gobernación por la renuncia de Rosana Bertone (para jurar como diputada) está repleta de hechos sugestivos, igual que sucedió con el decreto (firmado por Arcando el mismo día) que sirvió para reincorporar al ex jefe de depósito del Hospital Regional Ushuaia Julio Vivas, condenado a dos años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, como informó EDFM.
Por otra parte, a pesar de su exiguo mandato, Arcando también protagonizó un escándalo de repercusión nacional al gastar $450 mil en los atributos de mando (bastón y banda con los colores patrios) que utilizó en su acto de jura y en ceremonias posteriores.
Jubilación e intereses
De acuerdo a información previsional que consta en los fundamentos del decreto 4475, Manfredotti dejó de ser empleado permanente del Estado provincial el 24 de marzo de 2004, después de finalizar su mandato como gobernador.
Desde entonces comenzó a tramitar su jubilación, pero el ex IPAUSS se la rechazó con el argumento de que no cumplía con los años mínimos de aportes al sistema.
La controversia terminó con una demanda judicial y con un fallo dictado por el Superior Tribunal de Justicia el 16 de noviembre de 2015, que condenó al IPAUSS a conceder la jubilación a partir de la fecha en que fue peticionada.
Manfredotti cobró entonces un retroactivo de todos sus haberes previsionales desde 2007 hasta 2016, pero sin tener en cuenta los intereses acumulados por todos esos años transcurridos, lo que dio lugar a un nuevo reclamo.
Además, el ex gobernador del PJ interpuso un recurso jerárquico contra el formulario que determinó su jubilación, dando origen al pedido de que su haber sea referenciado al sueldo de un senador, y no del gobernador.
En relación al tema del haber, la Caja Jubilatoria le rechazó el pedido en 2016, y en enero de 2019 (por disposición 18/19) le dio tratamiento de “denuncia de ilegitimidad”, al verificar que se había vencido el plazo legal para impugnar la medida, y por lo tanto, que ya no tenían chance de recurrir el asunto ante la Justicia. En otras palabras, esta cuestión había quedado definitivamente zanjada.
Respecto de los intereses, y de otros reclamos, el ex gobernador insistió con más recursos hasta que la Secretaría Legal y Técnica le dio parcialmente la razón, recomendado una fórmula para el cálculo de intereses en la que también tomó intervención el Tribunal de Cuentas de la provincia.
La ex gobernadora Rosana Bertone dio por cerrado el tema al dictar el decreto 3604/19 del 19 de noviembre pasado, en el que se reconoció el pago de los intereses y se clausuró la vía administrativa, dándole la oportunidad para que respecto de ese tema exclusivamente (el pago de los intereses) pudiera recurrir a la Justicia.
Sin embargo, el decreto de Arcando es polémico porque, desde el punto de vista procesal, “admite la revisión de un acto administrativo que ya estaba clausurado”, explicaron fuentes expertas en la materia, y respecto del tema bajo análisis, “reabre una discusión que ya estaba cerrada, como el cálculo del haber previsional y cuestiones relacionadas. Es decir, le abre la posibilidad a Manfredotti de acudir a la Justicia por un tema sobre el que no estaba habilitado, porque habían dejado vencer un plazo, todo ello en perjuicio del Estado”, añadieron las fuentes.
Y también agregaron que el decreto resulta “inédito” porque “aconseja” al interesado (en este caso Manfredotti) el tipo de recurso que debería presentar ante el Superior Tribunal, al indicar que debería ser una “acción declarativa de certeza”.
“En ese sentido, el decreto parece escrito por la propia parte interesada, más que por un funcionario que debe velar por los intereses del Estado”, completó la fuente consultada.
