n una nota; fechada este día y dirigida al Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública; el funcionario penitenciario Alfredo Gomensoro plantea una serie de interrogantes sobre el menor italiano José Massi, quien, luego de cumplir su condena, no contaba con familiares que se hicieran cargo de él.
Massi había sido condenado “por el delito de hurto” a cumplir “seis meses y medio de prisión, en el Establecimiento Penal de Reincidentes” de Ushuaia (Investigación de Olga Bronzovich citado por Carlos P. Vairo. El Presidio de Ushuaia. Vol. II).
Cómo el menor, “cuando recobró su libertad quedó desamparado, el suscripto, a falta de Juez de Menores y otro funcionario judicial este Departamento lo recogió” y fue incorporado “al cuerpo de aprendices que trabajan en los talleres Nacionales, hasta tanto la Superioridad resolviera lo que se debe hacer con el citado Massi”.
El remitente planteó una serie de dudas: “¿Qué se hace con el menor” que “se encuentra, desde el 13 de enero anterior, trabajando en los talleres propiedad de la Nación?”. “¿Por cuenta de quien se raciona y se viste al menor?”. Ante la ausencia de autoridades judiciales pertinentes, ¿su tutela podría ejercerla “el Ministerio Público de Menores?”.
En la nota, Gomensoro hizo extensivos sus interrogantes a “varios menores que se encuentran en las mismas condiciones” que Massi y “que el 9 de junio próximo cumple su condena el menor Luis Sanz, condenado por el Juez Dr. Astigueta a sufrir un año de prisión por el delito de hurto”.
El funcionario finaliza con un pedido: por la “trascendencia que tiene la resolución de esta consulta, no escapará a la penetración de V. E., causa por lo que me permito rogarle su pronto despacho”.
“Sin existir muchos datos, se sabe que antes de 1911 ya no llegaban más menores y por supuesto, los menores no ingresaban al edificio de la Cárcel de Tierra del Fuego, sino que eran alojados en dependencias de la Policía, o de Gobierno, o donde fueran enviados para enseñarles un oficio (fueron al aserradero y al astillero)”.
La problemática planteada en el caso Massi no era excluyente, dado que, a pocos meses de iniciar su funcionamiento la unidad penitenciaria fueguina, la situación de los menores de edad “planteó a las autoridades locales serios interrogantes, porque al recuperar la libertad no tenían, en su mayoría, padres o tutores que se hicieran cargo de ellos” (op.cit.).
