os concejales de Ushuaia emitieron este lunes un documento a través del cual le manifestaron a los legisladores nacionales, su preocupación en torno al “continuo incremento de precios” en los productos de primera necesidad, y les solicitaron la generación de una ley para retrotraer y congelar los valores al inicio de la cuarentena obligatoria por COVID-19.
El texto impulsado por el presidente del Concejo, Juan Carlos Pino (PJ), hace hincapié en que el salario de muchos sectores de la economía formal se ha disminuido a favor de mantener el empleo, el salario de los empleados del Estado provincial se ha congelado, dejando sin efecto un aumento pactado en paritarias, cuestión que también perjudica a los jubilados, y la situación de las familias que no pertenecen al sector estatal se ha visto seriamente afectada ya sea por la pérdida de la fuente laboral o por ser parte de sectores informales más duramente castigados por la falta de generación de ingresos.
Pino expresó que “si bien existe un DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) emitido por el Gobierno de la Nación (el 351/20) que delega a los municipios el control de precios, no se hace lo propio en cuanto a otorgarles la facultad de sancionar a las empresas por aumentar los precios ya que esta facultad la sigue teniendo exclusivamente a la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo”.
El concejal justicialista remarcó que “queremos poner de manifiesto la voz de los vecinos con respecto a este aumento indiscriminado de precios”, subrayó. Y advirtió que “el poder adquisitivo de los argentinos cayó en promedio un 15% en los últimos años y que esta situación ha empeorado debido a la crisis generada por la pandemia de Covid-19”.
En ese marco, “debemos exigirles a los formadores de precios que no especulen vilmente con la alimentación de nuestro pueblo”, sostuvo Pino, y destacó la necesidad de trabajar en conjunto con los parlamentarios nacionales a favor de los derechos alimenticios de la población. El documento fue aprobado por mayoría, con el acompañamiento de los concejales del bloque Frente de Todos y con la negativa de los concejales del MPF, quienes indicaron que ya se encuentra vigente la Resolución Nº 100/2020 de la Secretaría de Comercio del Interior mediante la cual se establecieron precios máximos vigentes al 6 de marzo de este año.
Por su parte la concejal Laura Ávila coincidió en la necesidad de expresar la preocupación del Concejo Deliberante, “me parece importante que defendamos lo que les corresponde a los vecinos en el plano alimenticio”, destacó. En tanto el edil Javier Branca indicó que “no hay motivos que justifiquen el aumento indiscriminado de precios ya que el valor de las tarifas de los servicios públicos no varió y se mantiene el valor de los combustibles”.
