l gobernador Melella resolvió a mediados de la semana pasada “suspender, por el término de 6 meses, el traslado automático de los aumentos dispuestos por las administraciones municipales de Ushuaia y Río Grande, conforme lo establece la ley provincial 855, a las remuneraciones de los funcionarios y personal de gabinete de las estructuras políticas del Poder Ejecutivo incluidos el Gobernador, la Vicegobernadora, los Ministros, Secretarios de Estado y las autoridades superiores con jerarquía equivalente a las mencionadas, dependientes del Poder Ejecutivo Provincial”, por lo que medida alcanza también a los titulares de organismos autárquicos y descentralizados.
El mandatario justificó la decisión argumentando que “el aislamiento social, preventivo y obligatorio afecta sensiblemente la actividad económica de la Provincia, al producir una súbita recesión a partir de la reducción drástica de la facturación de las empresas, los comercios, las actividades productivas registradas, la comercialización de bienes y servicios, el ingreso económico del trabajo autónomo y la percepción de remuneración del asalariado, como así también de cualquier otra fuente de generación de riqueza en general que contribuya al crecimiento de la economía”, y que ante ese cuadro de situación que “resulta inédito y excepcional” resulta necesario adoptar medidas “razonables, oportunas, solidarias y excepcionales que resguarden el interés general” y que permitan reorientar el gasto público “ a fin de permitir al Poder Ejecutivo Provincial reforzar acciones vinculadas a la contención de la emergencia”.
En ese marco, en el considerando del decreto 638/20, se afirma que “los principios básicos de equidad y justicia social exigen mayores esfuerzos que impliquen que las medidas adoptadas con el fin de conjurar los efectos de la crisis desatada, descansen sobre el conjunto de los sectores de la sociedad en proporcionalidad a su capacidad de contribución en el esfuerzo común”.
En cuanto a la oportunidad de disponer esta medida, se indica que “se ha verificado un incremento en las remuneraciones de los intendentes de Río Grande y Ushuaia que conlleva necesariamente el aumento automático de los haberes percibidos por los funcionarios y personal de gabinete del Gobierno Provincial”, ello por cuanto la ley provincial 855, sancionada en 2011 a instancias de la por entonces gobernadora Fabiana Ríos, establece que “la remuneración mensual, habitual y permanente del Gobernador de la Provincia será equivalente al promedio de
la remuneración mensual, habitual y permanente que perciban los intendentes de los municipios de la Provincia, a la que se le adicionará un cinco por ciento (5%)”. En aquel entonces Tolhuin todavía no había sido reconocido como Municipio, por lo que para el cálculo del haber del Gobernador únicamente se consideran las remuneraciones de los Intendentes de Ushuaia y Río Grande, las que están enganchadas a los aumentos que se acuerdan para los empleados de planta permanente de ambos municipios.
En declaraciones difundidas ayer por el Gobierno, el mandatario señaló que “venimos de más de un mes de paralización económica y debemos entender que la situación es crítica. Estamos trabajando con el Gobierno Nacional para cumplir con todos los compromisos que tenemos y que tendremos los meses próximos”. Refirió también que “con mucho dolor no pudimos otorgar el 100% de los aumentos acordados con los sindicatos en paritarias y estamos haciendo un enorme esfuerzo para apoyar y acompañar al sector privado más afectado económicamente por la cuarentena. También estamos haciendo una enorme inversión en salud para cuidarnos a todos. En este escenario, tomamos esta medida que estamos anunciando y seguiremos trabajando para poco a poco, paulatinamente, reactivar las actividades económicas que la situación sanitaria nos permita”, finalizó.
Un dato que no debe pasar desapercibido es que la medida en cuestión no implica una reducción del gasto salarial de la planta política, sino la contención del incremento que debía registrarse en el mismo.
