ste día, se firma el tratado que pone fin a la Guerra de la Independencia que libraban las trece colonias británicas de América del Norte. En el Palacio de Versalles, los representantes de Estados Unidos y el Reino Unido acuerdan la independencia y una serie de cláusulas, entre ellas, la prohibición de navegar el Atlántico Sur por parte de los británicos.
Se ratificaron los tratados “anteriores de 1670, 1713 y otras que prohibían navegar a los ingleses en el Atlántico Sur”. El artículo 7º establecía: “Se ha convenido también por lo que hace a las costas tanto orientales como occidentales de América Meridional y a las islas adyacentes, que los súbditos respectivos no formarán en lo venidero ningún establecimiento en las partes de estas costas situadas al Sur de las partes de las mismas costas y de las islas adyacentes ya ocupadas por España” (Citado en el alegato del embajador José María Ruda en la ONU en 1964).
En cuanto a la libre navegación en el Pacífico, le era permitida a los ingleses bajo tres condiciones: “La primera, que esta navegación no sería un pretexto para realizar comercio ilícito con los dominios españoles, prohibiéndola dentro de las ‘diez leguas marítimas de ninguna de las costas ya ocupadas por España’, la segunda que existiría libre comercio entre los establecimientos fundados en el Pacífico Norte desde 1789 y los que se fundaran en lo sucesivo”.
Esta Convención “eliminó la pretensión de que existieran mares cerrados en la costa oriental y occidental de América. Pero el derecho británico a establecer colonias fue reconocido solamente en lo que se refiere a la costa de América del Norte; con respecto a otras zonas, la Corona de España sólo admitió el simple derecho de pesca, comprometiéndose las partes a no establecer nuevas colonias en los océanos Pacifico y Atlántico meridionales y que lo que se encontrase ya ocupado debía permanecer en status quo. Gran Bretaña dio, precisamente, esta interpretación al Acuerdo de Nootka Sound en un caso entre Gran Bretaña y Estados Unidos en la frontera de Canadá, en 1826” (op.cit.).
Este alegato fundamentó la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, desmontando los supuestos derechos británicos con los que pretendía justificar el despojo. Tan es así, que la Asamblea de las Naciones Unidas le impuso a Londres la obligación de iniciar negociaciones sobre el tema con el gobierno argentino.
