ste día, se presenta Emilio Olmos a declarar ante el juez Waldo Segel, como testigo de matanzas y tráfico de selknam.
Olmos declaró: “a la llegada de los indios (…) a esta ciudad, fueron desembarcados. Como a las dos de la tarde del mismo día (…) algunos se dispersaron por la población y el resto fue llevado a su alojamiento. Al siguiente día debía ser el reparto de indios, para cuya operación se quitaban a las madres sus hijos (…) Me consta que ninguna india ha dado voluntariamente a sus hijos, los cuales han sido quitados por la fuerza (…) una india lloraba y quería entrar por la fuerza porque (…) había visto a su hijo con un soldado (…) otra india vio a su hijo en casa de Juan A. Vargas y se puso a llorar (…) se sentó en el suelo, quebró una botella, y con los vidrios se hizo tajos en las piernas (…) Como la india no dejara de llorar, Vargas tomó una huasca y le pegó de una manera brutal” (Alberto Harambourg R. Partes del exterminio. Revista La Roca N°4. Buenos Aires, 12/2017).
Al ser consultado sobre las matanzas, afirmó que “en noviembre del año próximo pasado (…) salieron dos individuos contratados por el Administrador señor Cameron, para matar indios, pagándoles diez pesos por cabeza. Sé que en la hacienda de Punta Anegada (…) se paga a razón de una libra esterlina por cabeza…”
También prestó testimonio Salvador Roberts, empleado de la Sociedad Explotadora de la Tierra del Fuego: “Los ciento sesenta y cinco indios que fueron tomados últimamente en la hacienda de esta sociedad, fueron tomados por estos individuos (…) armados de rifles y revólveres y para someterlos, según ellos me dijeron tuvieron que dar muerte a cinco o seis de los jefes”.
La declaración estelar fue la de Mauricio Braun: “Nunca ha llegado a mi conocimiento que en Tierra del Fuego o Punta Arenas se hayan cometido vejámenes contra los indios, sólo por un simple rumor ha llegado a mi conocimiento que algunos mineros en diversas ocasiones han muerto indios”.
La causa judicial se inició a partir de las denuncias publicadas por el diario ‘El Chileno’ de Santiago. Luego, un tribunal de Valparaíso ordenó la intervención del juez de Punta Arenas. Durante el proceso se acumularon 158 testimonios, ninguno de las víctimas.
Las acusaciones fueron desechadas y el caso fue cerrado, pese a haberse constatado maltratos y pagos por capturas o matanzas de nativos.
