n la sesión de la Legislatura Provincial, llevada a cabo este día, se aprueba por mayoría el convenio entre el Estado fueguino y la empresa de capitales chinos Tierra del Fuego Energía y Química (TDFEyQ). La decisión fue adoptada “por once votos a favor contra tres en contra, más la ausencia por razones de salud” de la “legisladora del Movimiento Popular Fueguino Mónica Urquiza” (El Diario del Fin del Mundo, 30/04/2013).
El voto afirmativo fue aportado por los siguientes parlamentarios: Ricardo Wilder, Ana Lía Collavino, Adrián Milín Fernández, Ricardo Furlan, Roberto Frate, Damián Loffler, Luis del Valle Velázquez, Nélida Deheza, Osvaldo López, Fabio Marinello y Marcelo Fernández. Por la negativa votaron Verónica De María, Manuel Raimbault y Gabriel Pluis.
Previamente, la entonces gobernadora Fabiana Ríos había suscripto un convenio con la empresa de capitales chinos acordando la venta de gas proveniente de regalías para su industrialización, que iba a ser utilizado como materia prima para la producción de urea.
TDFEyQ se comprometía a realizar adelantos por la compra del gas y cumplir con los estudios de factibilidad, las obras de ingeniería civil y la erección de una planta para la producción de urea en Río Grande, que estaría finalizada en mayo de 2013. Los empresarios chinos abonaron una primera cuota por 30.092.336,31 dólares, quedando una segunda cuota impaga.
Al asumir la Gobernación, Rosana Bertone argumentó la existencia de serias irregularidades administrativas en la tramitación y reiterados incumplimientos de la empresa, y dio por finalizado el convenio.
En abril de 2013, el abogado de Río Grande Francisco Giménez formuló una denuncia planteando que los legisladores que votaron a favor del convenio habían recibido un nutrido incentivo para su aprobación. Giménez sostuvo que un grupo de legisladores provinciales recibió un millón de pesos cada uno a cambio de votar en forma favorable el convenio. Añadió que “el dinero de los sobornos se pagó en efectivo, y que fue trasladado por tierra desde Ushuaia a Río Grande”. Dijo, además, que se enteró a través de un asesor legislativo que “se jactaba” de cómo había sido el ilícito, pero que de todas formas el tema “es público” entre los vecinos riograndenses. Reclamó que, para verificar la denuncia, sea investigado el patrimonio de los legisladores (op.cit.).
