e manera simultánea al inicio del tratamiento legislativo del proyecto de ley de Financiamiento Básico del sistema educativo presentando por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina, la Cámara de Comercio hizo público su expreso rechazo a la posibilidad de que se avale un aumento de impuestos “para financiar incrementos salariales en el sector docente”.
La iniciativa del gremio -tomada como propia por los bloques de FORJA, Somos Fueguinos y PJ- propone que los fondos necesarios para garantizar que “la remuneración de un cargo docente testigo sea igual o supere el valor de la canasta básica informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos”; “la inversión para favorecer el acceso igualitario a la educación y formación en nuevas tecnologías, igualando un piso suficiente de integración de la mochila pedagógica en orden a bienes tecnológicos, socio comunitarios, culturales, así como también un programa de becas, acceso a laboratorios, asegurando un acceso pleno e igualitario hacia la formación” y “el mantenimiento, refacción y mejora de los establecimientos educativos públicos, así como también la adquisición y o construcción de nuevos inmuebles con fines de constituirse como nuevos establecimientos educativos” surjan del producido del cobro de alícuotas adicionales sobre los Ingresos Brutos.
Concretamente se plantea una alícuota adicional del 3%, por sobre el 4,5% actual, a “la compra, venta, alquiler y explotación, por cuenta propia, de bienes propios o arrendados como casas amuebladas o no; departamentos amueblados o no; terrenos; salas de exposiciones; cocheras o garajes; salas de espectáculos como cines y teatros; comercios e industrias. Leasing de propiedades no residenciales y residenciales por cuenta propia. Leasing de tierras y predios residenciales y no residenciales por cuenta propia. La explotación de centros comerciales y/o shoppings”, más una alícuota del 1% anual sobre el valor de mercado de los bienes inmuebles, rurales o urbanas, que no hayan sido objeto de los actos jurídicos descritos en el año calendario anterior.
Alícuota adicional del 3%, sobre el 4,5% actual, a la actividad extractivista de petróleo y gas; y alícuota adicional del 3%, sobre el 4,5% actual, a los servicios relacionados con la caza y la pesca deportiva o recreativa; servicios de coto de caza y pesca; servicios de ligas y órganos reguladores.
Desde el sindicato docente afirman que esta propuesta se sostiene en la necesidad de dar “una rediscusión tributaria integral, que permita contribuir al erario a aquellos que poseen fortunas improductivas, que acrecen patrimonios a partir de la renta improductiva de bienes de diversa índole. Una redistribución tributaria que permita desarrollar un Estado con los recursos suficientes para cumplir con su cometido, y evitar el progreso de empresarios multimillonarios, frente a un Estado cada vez más impotente en orden a sus fines”.
Como contrapartida, para la Cámara de Comercio de Ushuaia la iniciativa en cuestión “impacta directamente sobre sectores clave de la economía fueguina”, lo que encarecería “los costos operativos, generaría la pérdida directa de fuentes laborales y que debilitaría la producción local”.
Si bien afirmar reconocer “la importancia de atender las demandas del sistema educativo” señalan “que el camino no puede ser el de aumentar la presión tributaria sobre quienes producen y menos en un contexto de reacomodamiento de las reglas macroeconómicas”, por lo que instan “a los Legisladores a considerar alternativas como la reasignación de partidas u otros mecanismos posibles”, por cuanto “no es posible sostener más aumentos impositivos sobre el sector privado”.
