l Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur iniciará este viernes 16 de octubre, a las 9 horas, el debate oral contra Marcelo Guzmán, exrelator del Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego, acusado de haber agredido físicamente en reiteradas oportunidades a quien entonces era su esposa, Carla Kirsten.
La apertura del juicio marcará una instancia decisiva en una causa que lleva más de cuatro años de tramitación judicial y que adquirió fuerte repercusión pública tanto por la gravedad de las acusaciones como por la pertenencia del imputado a la estructura del máximo órgano judicial de la provincia.
El tribunal estará integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. La acusación será sostenida por la fiscal de Género, María Paula Schapochnik, mientras que la defensa de Guzmán estará a cargo del abogado Gabriel Ortega.
El imputado deberá responder por hechos calificados como lesiones reiteradas agravadas por el vínculo, cometidas presuntamente en un contexto de violencia de género. Durante la investigación se le atribuyeron dos episodios de lesiones leves y uno de lesiones graves, con la doble agravante derivada de la relación matrimonial y del contexto en el que habrían ocurrido.
El debate permitirá examinar las pruebas, escuchar los testimonios y determinar la responsabilidad penal del acusado, quien conserva la presunción de inocencia hasta que exista una eventual sentencia condenatoria firme.
La realización del juicio adquiere particular relevancia institucional por la función que desempeñaba Guzmán cuando se conoció la denuncia. El acusado integraba el equipo de trabajo del juez del Superior Tribunal de Justicia Ernesto Löffler, en calidad de relator, cargo del que fue apartado después de que trascendieran las acusaciones.
Una denuncia que conmocionó en 2022
El origen público del caso se remonta a agosto de 2022, cuando Carla Kirsten difundió en redes sociales un video en el que mostraba las lesiones que presentaba y responsabilizaba por ellas a su entonces esposo. En aquella exposición, la mujer manifestó además que temía por su vida.
El 29 de agosto de ese año, el juez de instrucción Javier De Gamas Soler resolvió procesar a Guzmán al considerarlo, con el grado de probabilidad propio de esa etapa procesal, autor penalmente responsable de lesiones leves y graves doblemente agravadas.
La resolución comprendió tres hechos investigados: dos correspondientes a lesiones leves y uno a lesiones graves. El magistrado también dispuso un embargo sobre los bienes del imputado hasta cubrir la suma de un millón de pesos.
Durante su declaración, Guzmán había ofrecido explicaciones alternativas sobre el origen de las lesiones. Sostuvo que algunas se habían producido como consecuencia de una caída por una escalera en la calle Onas y atribuyó la lesión considerada grave a un tercero que practicaba artes marciales y que, según su versión, había mantenido anteriormente una relación sentimental con Kirsten.
Esas explicaciones no resultaron convincentes para el juez instructor, quien resolvió dictar el procesamiento menos de 48 horas después de haber recibido la declaración indagatoria.
La resolución incluyó además siete reglas de conducta destinadas a garantizar la sujeción del imputado al proceso y la protección de la denunciante. Entre ellas figuraban la prohibición de acercarse a menos de 100 metros de la víctima, restricciones de comunicación con ella, testigos y familiares, presentaciones diarias ante la Comisaría de Género y Familia y la prohibición de abandonar la provincia sin autorización judicial.
El magistrado advirtió que el incumplimiento de esas disposiciones podía determinar la inmediata detención del procesado.
El acuerdo económico que rechazó la Fiscalía
Otro episodio relevante se produjo en marzo de 2025, cuando el Ministerio Público Fiscal rechazó impulsar la extinción de la acción penal sobre la base de un acuerdo económico celebrado entre Guzmán y Kirsten.
El convenio contemplaba que el imputado abonara a la denunciante una suma equivalente al 40% de los haberes retroactivos que eventualmente percibiría del Poder Judicial, en caso de recuperar su puesto de trabajo como consecuencia del cierre de la causa penal.
La fiscal María Paula Schapochnik cuestionó los fundamentos del entendimiento y las condiciones en las que había sido suscripto.
Según las pericias citadas en su resolución, Kirsten había aceptado el acuerdo en medio de una situación de desamparo económico posterior a la ruptura matrimonial, circunstancia que la colocaba en una posición de desigualdad frente al imputado.
Para la Fiscalía, el convenio no ofrecía una reparación concreta y suficiente que justificara poner fin a la persecución penal. También cuestionó que el dinero comprometido dependiera de una eventual reincorporación laboral de Guzmán y del cobro de remuneraciones que todavía no integraban su patrimonio.
La resolución señaló además que, durante el trámite de la causa, no se habían advertido manifestaciones de arrepentimiento o reflexión por parte del imputado que permitieran valorar favorablemente el acuerdo.
En consecuencia, la Fiscalía decidió no promover el cese de la acción penal pública, atendiendo al contexto y la gravedad de los hechos investigados. Esa decisión permitió que el expediente continuara su recorrido hacia el juicio oral.
Las consecuencias personales y familiares
En marzo de este año, cuando ya se conocía que el juicio se realizaría durante octubre, Carla Kirsten volvió a referirse públicamente a las consecuencias que el conflicto y el proceso judicial habían tenido sobre su vida y la de sus hijas.
La denunciante expresó sentimientos encontrados ante la proximidad del debate. Por un lado, manifestó su expectativa de que se hiciera justicia; por otro, reconoció su preocupación por las posibles consecuencias económicas y familiares de una eventual condena.
“El juicio no me va a reparar nada. No me va a reparar el daño emocional que me hizo, eso va a estar hasta el día que me muera”, afirmó al describir las secuelas que, según sostuvo, persistían años después de los hechos denunciados.
También señaló que una eventual pérdida del empleo de Guzmán podría repercutir negativamente en la situación económica de sus hijas.
Entre los problemas que expuso mencionó dificultades para garantizar la cobertura de salud de su hija menor, quien, según denunció entonces, se encontraba sin obra social desde diciembre debido a la falta de realización de trámites que atribuía al padre.
Kirsten cuestionó asimismo las condiciones de la cuota alimentaria y la ausencia de respuestas administrativas a sus gestiones. No consta en la documentación disponible si esas situaciones fueron posteriormente resueltas.
Con estos antecedentes, el juicio que comenzará este viernes representa la instancia en la que la Justicia deberá pronunciarse sobre la responsabilidad penal de Guzmán.
A más de cuatro años de la denuncia, la causa ingresa finalmente en su etapa de debate, luego de un procesamiento judicial, medidas restrictivas y un intento de acuerdo económico que no obtuvo el aval de la Fiscalía. El tribunal deberá ahora valorar las pruebas y dictar una resolución fundada sobre las acusaciones que involucran a quien fuera funcionario del máximo órgano judicial de Tierra del Fuego.
