n respuesta al reclamo que desde mediados del año pasado venía formulando ATE para que comenzara a blanquearse la situación laboral del personal de planes que, en promedio, desde hace más de 5 años prestaban funciones en el Ministerio de Educación, el Poder Ejecutivo dispuso designar 27 de esas personas en la planta permanente para que cumplan tareas en la Dirección Provincial de Educación Inicial y Primaria.
Según precisó el titular de la cartera educativa, Diego Romero, los designados cumplirán funciones como Porteros, en reemplazo de aquellos “que se han venido jubilando desde diciembre del año pasado”.
Por su parte, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado, Carlos Córdoba, precisó que los ingresantes son parte de los beneficiarios de planes que se reclamaba tuvieran prioridad al momento de cubrir vacantes dentro de la Planta Permanente del Estado.
Todas las designaciones fueron hechas en la categoría 10 del escalafón de Personal Obrero, Maestranza y Servicios.
Para poder disponer de estos ingresos, el Podre Ejecutivo las exceptuó de lo dispuesto en la ley de presupuesto 2016, que en su artículo 21 establece que “como consecuencia de la difícil situación de las finanzas públicas y con el objeto de asegurar que el Estado Provincial pueda brindar los servicios esenciales a su cargo, se suspende para el ejercicio 2016 todas las incorporaciones que tengan por objeto cubrir las vacantes existentes al 31 de diciembre de 2015 y las que se produzcan durante el ejercicio 2016 por cualquier causa, pertenecientes a las Plantas Permanentes con estabilidad del Poder Ejecutivo, como así también de los organismos descentralizados y autárquicos. El Poder Ejecutivo, podrá a través del Ministerio de Economía autorizar excepciones en casos en que resulte imprescindible cubrir vacantes para el mantenimiento de servicios esenciales para la población o el Estado Provincial”.
Cada uno de estos 27 designados cuenta, a partir del día siguiente de ser notificado de su nombramiento en la planta permanente, de 90 días para cumplir con la presentación de toda la documentación exigida por la Administración Pública.
