a sala tercera de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas contra los seis acusados de integrar una banda dedicada a la trata de personas en Ushuaia, en el denominado caso “Black and White” que se convirtió en el primero del distrito en llegar a juicio oral y público en septiembre del año pasado.
La Cámara también rechazó la posibilidad de acudir ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de un recurso extraordinario, por lo que la sentencia podría ser declarada firme en las próximas horas, y con ello se dispondría la inmediata detención de los cuatro imputados que aún permanecen en libertad, según señalaron fuentes judiciales.
Sin embargo, el abogado Raúl Paderne, patrocinante de los condenados, aclaró que su parte acudió a la Corte “en queja” y que acudirá ante organismos internacionales de mantenerse el criterio actual.
El fallo de los jueces Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Juan Carlos Gemignani tuvo en cuenta los testimonios de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad social, que según la justicia fueron “captadas con fines de explotación sexual” en el local nocturno.
El pronunciamiento judicial también rechazó la excarcelación de Víctor Antonio Morales, propietario del local donde fueron rescatadas las víctimas y jefe de la organización, a quien condenaron a siete años de cárcel y detuvieron durante el juicio al revelarse que había intentado influir sobre una de las testigos.
Las demás condenas, a 5 años de prisión, recayeron sobre Cristina Patricia Ramírez, alias Camila, ex pareja de Morales, Daniela Alejandra Morales Ledezma, Mirta Jorgelina Puglia y María Cristina Ledezma, mientras que también le aplicaron una pena, pero de 3 años de prisión en suspenso, a Mauro Luciano Morales Ledezma, uno de los hijos del dueño del local nocturno.
Todos los imputados fueron hallados “coautores penalmente responsables” del delito de “trata de personas agravado”, por la participación de más de tres personas y por la existencia de más de tres víctimas, salvo Mauro Morales al que consideraron “partícipe secundario” del mismo ilícito.
La investigación sobre el llamado “clan Morales” inició en 2010 y tuvo su desenlace el 17 de abril de 2012, cuando un operativo ordenado por el juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, y realizado por efectivos de la Gendarmería Nacional, derivó en la liberación de 18 mujeres, la mayoría de nacionalidad dominicana, y en el secuestro de numerosas pruebas incriminatorias.
