a audiencia pública para escuchar la posición de la ciudadanía respecto del incremento en la tarifa de gas, promovido por el Gobierno Nacional, tendrá su capítulo fueguino en medio de un cúmulo de demoras, desinformaciones e inexactitudes generadas desde la organización del propio evento, a lo que se suman cuestionamientos por las restricciones y la modalidad utilizadas para la inscripción de participantes.
Autoridades del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) y del Anses, confirmaron recién ayer que la audiencia se realizará el próximo viernes a partir de las 9 de la mañana en instalaciones del Cine Packewaia, dentro de la Base Naval Ushuaia. Será televisada por canales nacionales y podría extenderse por tres días, hasta el domingo inclusive.
En total estarán en condiciones de ingresar al recinto 71 personas de Tierra del Fuego que completaron el trámite de inscripción, de los cuales unos 15 llenaron el formulario para ser expositores y sólo podrán hacer uso de la palabra si cumplen con otra formalidad, consistente en acercar una copia de la exposición a los organizadores.
El delegado del Enargas en Río Grande, Juan Urdapilleta, declaró ayer a Radio Nacional Ushuaia, que la inscripción es un requisito excluyente para entrar a la audiencia, con independencia de ser orador o no. Esa situación tomó de imprevisto a cientos de personas que entendían que la inscripción era necesaria solo para exponer, y no para participar en calidad de oyentes, por tratarse de un acto público.
Urdapilleta dijo que el período de inscripciones vencía ayer a las 9, 48 antes del inicio de la audiencia, aunque después el plazo se extendió hasta el mediodía.
Antes de los últimos tres inscriptos (es decir, cuando eran en total 68) se sabía que 44 son de Río Grande y 24 de Ushuaia.
Los expositores eran 15 e incluían a dos funcionarios de la Municipalidad de Río Grande, que hablarán en representación de la institución, mientras que no trascendió oficialmente el nombre del resto de los oradores.
Según comentó Urdapilleta, cada uno tendrá cinco minutos para exponer y no se sabe en qué momento les tocará a los de Tierra del Fuego, porque la audiencia se realiza en Buenos Aires y por conexión virtual con otras sedes del país.
El proceso que precedió a la convocatoria del acto público en la provincia estuvo plagado de equivocaciones y malos entendidos.
Primero se anunció que se iba a llevar a cabo en Río Grande, luego se cambió a Ushuaia y el lugar de realización se convirtió en un misterio hasta la víspera.
Las convocatorias publicadas en los medios gráficos no incluían ni la fecha ni la hora de comienzo de la audiencia, y la dirección del lugar (el cine Packewaia) era inexistente, ya que se consignaba “Perito Moreno 9410” cuando el cine, como se sabe, está en la calle Yaganes, dentro del predio de la Base Naval, y “9410” es el código postal de Ushuaia.
Además, la convocatoria publicada ayer en el Boletín Oficial de la Nación, a través de la resolución 4010 del Enargas, también posee la misma equivocación.
La prensa que no se haya acreditado también tendrá vedado el ingreso, y las acreditaciones a los periodistas se hicieron a través de la Base Naval, sin que se supiera todavía el lugar, y sin que la mayoría de los medios recibiera la invitación y los requisitos.
El secretario gremial del Sindicato de Petroleros Jerárquicos de la provincia, Moises Solorza, ya denunció que a su criterio el Enargas “entorpeció” la organización de la audiencia y que con el cambio de sede se pretendió “desalentar la participación de la gente”.
También advirtió que si no se cumplen los requisitos mínimos concurrirá a la audiencia con un escribano para impugnarla.
“Yo creo que hay una complicidad cierta y expresa entre el gobierno provincial y el nacional para que todo ésto sea así, no me quedan dudas”, disparó Solorza.
Por su parte el secretario de Participación y Gestión Ciudadana del Municipio de Río Grande, Federico Runín y el subsecretario del área, Federico Greve, confirmaron que participarán del evento y serán expositores.
“Mantendremos la misma postura que planteamos desde siempre, cuando decidimos impugnar los incrementos que en su momento consideramos que eran desproporcionados”, afirmó Runin, tras advertir que “el aumento de la tarifa se hizo sin cumplir con el requisito previo de la audiencia pública”.
Runín ratificó además que en el caso de Tierra del Fuego, se debe tener en cuenta que se trata de una región con climas de temperaturas bajas, donde el gas pasa a ser un servicio público esencial para la calefacción y, además, se debe considerar que la “provincia es productora de hidrocarburos”.
El funcionario municipal sostuvo que el aumento que se fije se debe “ajustar a los criterios que ya fijó la Corte Suprema” de manera que “tiene que ser razonable y además gradual”.
La municipalidad presentó un amparo ante el Juzgado Federal de esa ciudad, representando a todos los vecinos, y logró que la entonces titular de ese tribunal, Lilian Herraez hiciera lugar a ese recurso y frenara el tarifazo.
