a Justicia volvió a modificar la conformación del Tribunal Oral de Ushuaia que debe juzgar a Diego Leonardo “El Diente” Pérez por ser el presunto autor intelectual del crimen de Claudio Prada, ocurrido en Ushuaia en junio de 2009.
El tribunal ya había sido formado por jueces subrogantes, después de una serie de recusaciones y excusaciones que dilataron varias veces el establecimiento de la terna que debe intervenir en el proceso oral.
Sin embargo, una nueva recusación dejó afuera a uno de los magistrados y el caso volvió a quedarse sin juzgadores cuando faltan menos de dos meses para que el juicio se lleve a cabo, o de lo contrario debería disponerse la libertad del acusado.
Tal como había informado EDFM, los jueces afectados a la causa fueron el de Familia y Minoridad, Alejandro Ferretto, el juez Civil y juez Electoral subrogante, Alejandro Fernández, y el juez Civil Gustavo González.
No obstante, Ferreto fue recusado con el argumento de que ya había intervenido en una instancia anterior del expediente, y el Superior Tribunal de Justicia hizo lugar a esa petición y admitió la exclusión del magistrado, informaron fuentes judiciales.
De este modo, el puesto volvió a quedar vacante y al cierre de esta edición se resolvía quién ocuparía el lugar de Ferretto.
Una de las posibilidades más firmes era la intervención del flamante juez del Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia, Rodolfo Bembihy Videla, quien fue seleccionado hace poco por el Consejo de la Magistratura y jura hoy en su cargo, indicaron las fuentes.
La tarea de designación del tribunal se volvió un problema ante la cantidad de jueces que se excusaron de intervenir en la causa por haber tenido participaciones anteriores en el expediente.
Es que el caso tuvo dos juicios orales a las personas que finalmente fueron condenadas a prisión perpetua por el asesinato (el primer juicio fue anulado) y debió constituirse un tercer tribunal para juzgar a Pérez, que estaba prófugo desde 2009, fue detenido el año pasado y procesado en doble instancia.
A ello hay que sumarle los jueces penales que actuaron en la instrucción del proceso, como la jueza María Cristina Barrionuevo, y los que se excusaron por distintos motivos.
El juicio, que todavía no tiene fecha de inicio, debe finalizar antes del 22 de noviembre, para que Pérez no cumpla un año de detención y deba ser liberado de acuerdo a lo que establece el Código Procesal Penal de la provincia para los detenidos con prisión preventiva.
El crimen de Prada produjo una gran conmoción pública porque reveló una trama ligada a la venta de estupefacientes digna de una película, y porque incluyó la contratación de sicarios santafecinos, una modalidad no registrada con anterioridad en Tierra del Fuego.
El Tribunal Oral en lo Criminal de Ushuaia condenó por el homicidio, en agosto de 2013, a Gustavo y Maximiliano Farías, y a Héctor Omar Caraffa.
Por su parte Pérez permanecía prófugo y la Policía logró detenerlo en noviembre del año pasado. La jueza Barrionuevo dictó su procesamiento y prisión preventiva, al considerarlo “autor intelectual”, del homicidio “doblemente agravado”, por el “concurso premeditado de dos o más personas” y por “el uso de arma de fuego”. También le trabó embargos sobre sus bienes por 500 mil pesos.
Las comunicaciones telefónicas, los testimonios y las certezas establecidas en la causa original, fueron los principales elementos que valoró la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones de la provincia para ratificar luego, el procesamiento contra el acusado, en un fallo suscripto por los jueces Martín Bramatti y Ernesto Loffler.
Tras la detención de Pérez, su defensa presentó, además, una serie de pedidos de nulidad del procedimiento. Uno de ellos planteó que la jueza había delegado completamente las facultades que le son propias para investigar, en la fuerza policial, mientras que otro postuló que la justicia no había fundado la decisión de solicitar el listado de comunicaciones telefónicas recibidas y realizadas por los involucrados. Ambos escritos fueron rechazados por la justicia de instrucción y por la Cámara de Apelaciones, aunque originaron una dilación en la tramitación del expediente, explicaron fuentes allegadas a la causa.
De película
La investigación del caso demostró la existencia de una trama cinematográfica. En el juicio de 2013 se probó que Prada halló un cargamento de droga oculto en el barco que trasladaba a Europa en junio de 2008, y que decidió ocultarlo en una playa próxima a Porto Seguro, en Brasil, para luego contactar a su “amigo de la infancia en Ushuaia”, Pérez, a quien le solicitó que “ubicara” el estupefaciente.
La jueza Barrionuevo concluyó que Pérez no le entregó a Prada el dinero convenido por la droga, y que ello generó una situación de tensión porque la víctima del crimen comenzó a comentar lo ocurrido en los círculos de amigos que ambos frecuentaban.
“Era evidente que Prada, quien conocía perfectamente el ambiente de la droga, suponía que algo malo podía llegar a sucederle a raíz de las diferencias que mantenía con Pérez por las exigencias de entrega de dinero. Por eso tomó las fotografías que los comprometían a ambos con el cargamento”, puede leerse en el expediente judicial.
Según la valoración preliminar de la Justicia, Pérez contrató a los sicarios para que vinieran a Ushuaia a matar a Prada, a quien le dispararon un tiro en la cabeza el 19 de junio de 2009 a las 7 de la mañana.
Barrionuevo valoró que diez minutos después de perpetrado el crimen, uno de los sicarios habló durante 24 segundos con el celular del presunto autor intelectual.
También dio por demostrado, por otra llamada telefónica, que Pérez estaba en Aeroparque, en Buenos Aires, cuando los sicarios regresaron de la provincia, el 20 de junio a las 0.20, quizá para pagarle una suma de dinero por lo realizado.
“La muerte de Prada fue el resultado de una serie concatenada de circunstancias directamente vinculadas a la comercialización de la droga hallada por la víctima en el velero”, aseveró la magistrada.
Sin embargo, la defensa de Pérez centra su estrategia en que “no existen pruebas de convicción que lo involucren en el hecho”.
