os causas penales donde se investiga la presunta liberación fraudulenta de vehículos afectados al régimen aduanero especial vigente en la provincia, volvieron a relacionar al empresario Daniel Tomeo, investigado por presunto lavado de dinero y evasión impositiva en Buenos Aires, y al ex vicegobernador provincial Daniel Gallo, además de mencionar a Leandro Báez, hijo del empresario kirchnerista detenido por corrupción, Lázaro Báez.
El contenido de ambos expedientes fue revelado la semana pasada por el diario El Sureño, mientras que el Fiscal Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, confirmó varios de los hechos que se analizan y brindó detalles del caso en dialogo con EDFM.
Rapoport corroboró que existen dos causas penales distintas, una iniciada por una denuncia del ex administrador de la Aduana riogradense, Gustavo Echegoyen, en 2014, y otra por la presentación que formuló un ex empleado aduanero despedido, de nombre Julio Achaval.
El primer caso investiga una maniobra consistente en haberse permitido, mediante la presentación de documentación falsa, la salida de la Isla de vehículos afectados al régimen aduanero especial fijado por la ley de promoción económica y fiscal Nº19640.
Esa norma establece que los automóviles comprados en Tierra del Fuego con la ventaja de exenciones impositivas, solo pueden ser radicados en el continente después de tres años si son nacionales, y de cinco años si son importados.
La “liberación” puede tramitarse antes de esos plazos, pero entonces el titular del auto tiene que pagar un monto compensatorio al Estado Nacional.
El fiscal Rapoport ratificó que la hipótesis judicial es que “un grupo de personas le pagaba a un empleado infiel de la Aduana para que sellara un papel original que después le permitía concretar la liberación del vehículo en el Registro del Automotor, sin que tuviese cumplido los plazos legales”.
El empleado se llama Walter Eduardo Servian, quien fue imputado e indagado en la causa, y transferido desde la Aduana a dependencias de la AFIP donde se le sigue un sumario administrativo.
Pero además de Servián, y de otro agente aduanero de nombre Eduardo Amari, la Justicia les imputó participación en los hechos a dos gestores que tramitaban las liberaciones y actualmente se encuentran prófugos de la Justicia, y a los dueños de todos los vehículos que salieron de Tierra del Fuego con la documentación fraguada.
“En los casos de los titulares de los vehículos, si bien la Fiscalía les imputa participación en la maniobra, deberá demostrarse si tenían conocimiento del ilícito o si fueron compradores de buena fe”, aclaró Rapoport.
También señaló que de acuerdo a la información suministrada por los Registros del Automotor a la Justicia, en el listado de dueños de vehículos que salieron de Tierra del Fuego con el trámite de liberación irregular, aparece una Toyota Hilux 4×4, radicada en Río Gallegos, Santa Cruz, a nombre de Leandro Báez, hijo del empresario kirchnerista Lázaro Baéz, detenido por su vinculación con irregularidades en la adjudicación de obra pública.
Por otra parte, una segunda denuncia judicial, formulada por el ex agente aduanero Julio Achaval, acusa de diversas irregularidades al ex vicegobernador Gallo, que además es funcionario de la Aduana de Río Grande.
La denuncia, citada por el diario El Sureño, sostiene que habría sido irregular el trámite de liberación de varios autos vinculados a Gallo, como por ejemplo un Chevrolet Camaro modelo 2014 (dominio NRD 664) que figura a nombre del ex funcionario fueguino en el Registro Automotor.
Achaval planteó en la Justicia que Gallo “participó de dudosas liberaciones de vehículos de alta gama”.
“Gallo también es un reconocido coleccionista de rodados de alta gama y antiguos, teniendo su colección de automóviles en el barrio porteño de Barracas. Y se vio beneficiado por oficiosas gestiones de Servian en los trámites de liberación de vehículos”, afirmó el denunciante según publicó El Sureño.
También se desliza en la denuncia que debería investigarse la liberación de la Ferrari F-430 (dominio IAG 320) valuada en más de 500 mil dólares que Tomeo adquirió en Tierra del Fuego y luego liberó en 2013, y cuya documentación fue secuestrada durante uno de los allanamientos dispuestos por el juez Federal de Quilmes Luis Armella en la mansión del empresario en el country “Abril”, del municipio bonaerense de Berazategui.
De acuerdo a las estimaciones preliminares que realizó la Justicia, las maniobras de “liberaciones truchas” le habrían producido un perjuicio fiscal a la Aduana del orden de los 600 mil pesos.
