os concejales de Ushuaia analizaron el viernes pasado en Debate Ciudadano el proyecto que prevé la creación de la Oficina para la Defensa de los Derechos de los Inquilinos dentro de la estructura municipal.
En la instancia participativa el impulsor de la propuesta, Silvio Bocchicchio (ECoS), argumentó la necesidad de crear la nueva dependencia municipal para acompañar a los inquilinos y propietarios durante todo el proceso de relación contractual en torno al alquiler de inmuebles para vivienda familiar, ofreciendo patrocinio legal gratuito y asesoramiento a las personas involucradas; difusión de los derechos de los inquilinos y seguimiento de las condiciones de habitabilidad.
La arquitecta y ex convencional constituyente, Liliana Cambas, participó en el Debate Ciudadano y expuso su oposición a la propuesta. “En primer lugar, no están dadas las condiciones económicas para disponer de una nueva oficina dentro de la estructura municipal, que como sabemos empieza con dos o tres empleados y termina con más de veinte, siendo un verdadero gasto para todos”; observó, y agregó que “no tiene sentido; ya existe una oficina de mediación en el ámbito de la justicia, que en todo caso podría tener la colaboración del Municipio con un abogado que ya esté dentro de la estructura, para aquellas personas que no cuenten con medios económicos”, dijo.
Cambas señaló que “no se puede crear una defensoría para cada caso; si no deberíamos tener una defensoría similar para cada situación problemática donde un vecino sin recursos debe defenderse ante situaciones contractuales o particulares, en las que el Municipio además, no puede intervenir; porque eso está fuera de sus funciones”, y recordó que “el mandato de los convencionales constituyentes en la Carta Orgánica Municipal fue que se creara la Defensoría del Vecino, que está para casos como los que se plantean en este proyecto; entonces no veo para qué crear una nueva estructura, si la existente ya la contempla”, evaluó.
La ex convencional constituyente advirtió que “en este proyecto está discriminado aquel que tiene una propiedad para alquiler, que tiene que mostrar su vivienda para que el Municipio compruebe que es habitable, y el resto no; al que no alquila, nadie lo controla”, y en ese marco consideró que “en realidad lo que se necesitan son más inspectores que controlen; pero no una estructura nueva”, y agregó que “para difundir e informar sobre los derechos de inquilinos y propietarios, se pueden usar los medios y redes sociales. No hace falta una estructura nueva”, reiteró.
Por su parte el concejal Bocchicchio observó que “podríamos no meternos ni intervenir; mantenernos fuera de la problemática en torno a las condiciones de los alquileres; la habitabilidad, los abusos hacia el inquilino”, pero “el Estado municipal también está para aportar soluciones a todos los problemas de los vecinos, y en ese camino es que proponemos esta alternativa de respaldo a los inquilinos y a los propietarios, que muchas veces no tienen asesoramiento legal y desconocen sus derechos”, dijo.
El proyecto retomará su análisis en comisión de Legislación e Interpretación, donde los concejales continuarán estudiando las alternativas para darle tratamiento en futuras sesiones ordinarias.
Oficina para la Defensa de los Derechos de los Inquilinos – Funciones y objetivos
De acuerdo al proyecto expuesto en Debate Ciudadano, la Oficina para la Defensa de los Derechos de los Inquilinos estará encabezada por el titular, abogado designado por el Intendente municipal en acuerdo del Concejo Deliberante, que tendrá a su cargo el asesoramiento legal de las personas involucradas en relaciones de locación de inmuebles para vivienda; la asistencia en instancias de mediación y conciliación voluntaria entre las partes suscriptoras de un contrato de locación; intervención ante denuncias o reclamos de inquilinos, propietarios o inmobiliarias; y la promoción de modificaciones o alternativas superadoras a las normativas vigentes en la materia.
Asimismo, la Oficina deberá dar amplia difusión a los derechos y deberes en la relación locativa de inquilinos y propietarios; brindar asesoramiento legal gratuito; iniciar y proseguir, de oficio o a petición del interesado, las acciones judiciales al respecto; contribuir a que se concreten relaciones contractuales entre locadores y locatarios en condiciones de vivienda digna; denunciar ante organismos públicos nacionales, provinciales y municipales la detección de situaciones de delito o afectación de derechos; solicitar asesoramiento de las instituciones de la sociedad civil con competencias inherentes, como la Cámara Inmobiliaria, Asociaciones de Inquilinos o Defensa al Consumidor, entre otras funciones a su cargo.
Para garantizar la habitabilidad de los inmuebles destinados a alquiler de viviendas unifamiliares, la Oficina para la Defensa de Derechos de los Inquilinos tomará como ‘estándares mínimos’, los parámetros que rigen la Edificación y Planeamiento de la ciudad, así como las normas de seguridad determinadas por el cuerpo de Bomberos. Asimismo, el proyecto de ordenanza plantea la incorporación de una línea telefónica gratuita a disposición de la Oficina, para la recepción de consultas o denuncias de propietarios e inquilinos.
