os dos hombres y una mujer que fueron detenidas este fin de semana por la explotación sexual de mujeres, acusados de regentear un privado que funcionaba de manera ilegal, en Río Grande, fueron trasladadas ayer al Juzgado Federal para ser indagados pero todos ellos se negaron a hacerlo, en función de lo aconsejado por su defensor.
El Fiscal Marcelo Rapoport, a cargo de la investigación, informó que la causa se inició en junio a partir de una denuncia que se conoció a través del abonado 101, donde daba cuenta que en el domicilio ubicado en Cabo Benítez 831. Esta denuncia más tarde fue ratificada a través de otros dos nuevos llamados al abonado 145, donde surgieron nuevos elementos de pruebas que derivaron en los procedimientos que se llevaron adelante el fin de semana.
El Fiscal Rapoport dijo que Nancy del Valle Zelaya, es una mujer que estuvo vinculada a una causa de Trata de Personas, pero en calidad de víctima. En esta causa se pudo establecer que paso de ser una mujer explotada a una explotadora, ya que de acuerdo a las escuchas telefónicas que se hicieron, quedó en evidencia que la mujer era quien estaba al frente de la actividad delictiva.
El funcionario judicial dijo que la mujer cobraba 2800 pesos por el alquiler de las habitaciones donde se ejercía la prostitución; además retenía parte del dinero que las mujeres cobraban por copa que les invitaban los clientes y por el “pase” para satisfacer su apetito sexual.
El doctor Rapoport dijo que una de las pruebas que se pedirá ahora para profundizar la investigación, es obtener la declaración de las cinco víctimas de Trata de Personas que fueron rescatadas, a través del método de Cámara Gesell, medida que lo dispone el Código de Procedimiento, en relación al delito que se investiga.
