os integrantes del Consejo de la Magistratura le solicitaron ayer a la presidenta del cuerpo, la jueza del Superior Tribunal de Justicia María del Carmen Battaini, que elabore el informe establecido en la ley de jury de enjuiciamiento, en relación al desempeño del fiscal Nicolás Arias, a quien el organismo investiga por haber requerido la omisión de debate y pena mínima para un empresario que luego fue condenado a 8 años de cárcel por el abuso sexual de dos menores de edad.
Los consejeros tomaron esa medida durante la sesión del organismo realizada ayer, donde se informó la recepción de todos los antecedentes e informes vinculados con el caso.
El análisis de la situación de Arias venía demorándose desde hacía dos reuniones del cuerpo, porque los tribunales intervinientes en la causa y el Ministerio Público Fiscal solo remitían actuaciones parciales, que según la jueza Battaini impedían el progreso de la investigación.
La magistrada precisó en la víspera que finalmente se recibió copia del expediente completo, y también la contestación del jefe de fiscales, Oscar Fappiano, sobre una serie de estadísticas y criterios que se le habían solicitado en relación al proceder la fiscalía ante circunstancias similares.
Con ello, Battaini anunció que estaba en condiciones de dar el próximo paso, que es la elaboración del informe fijado en el artículo 10 de la ley 525 de “Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del ministerio público del Poder Judicial”.
Según esa norma, “el presidente del Consejo dispondrá la investigación sumaria de los hechos denunciados”, y “concluida la investigación, convocará a los miembros del Consejo, con exclusión del que se encuentre ejerciendo el cargo de fiscal acusador, remitiéndoles previamente copia del expediente sobre la investigación”.
Los seis consejeros presentes en la reunión de ayer (no estuvo el fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre) definieron que la próxima sesión se llevará a cabo el martes 10 de julio a las 14.
De esta forma, en ese encuentro, el organismo deberá tratar el informe de Battaini y definir la situación del fiscal Arias.
De acuerdo a la ley, el Consejo puede considerar a la denuncia (en este caso una actuación de oficio) como “infundada o irrazonable” y rechazarla sin más trámite. O también puede correrle traslado de las actuaciones al fiscal acusador para que dé comienzo al proceso de jury.
Sin embargo, fuentes judiciales explicaron a EDFM que existe una tercera posibilidad: que el cuerpo rechace el inicio de un jury (por entender que no existen elementos suficientes) pero que decida remitir el caso al Superior Tribunal para la aplicación de sanciones disciplinarias.
Si esa circunstancia tuviera lugar, la Corte provincial debería iniciar un sumario administrativo previo a la aplicación de sanciones, para garantizar el derecho a defensa del involucrado, precisó la fuente.
En cualquier caso, el consejero legislador Pablo Blanco y el ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, sostuvieron en la víspera la necesidad de “avanzar en la resolución del tema lo antes posible”.
Incluso el Consejo le solicitó a Battaini que priorice la elaboración del informe en el caso Arias, por sobre otra denuncia contra una magistrada de Río Grande que se encuentra en una instancia similar.
Arias requirió la “omisión del debate” y tres años de prisión para el empresario Héctor Darío Weiss, luego condenado a ocho años de cárcel por el abuso de dos niñas de 8 y 14 años. Se le cuestiona haber justificado el pedido con argumentos como que Weiss “no tiene el secundario completo” y es “único sostén de familia”.
Denuncia de Lenga Patagonia
En ese sentido, la jueza Battaini informó también ayer a los demás miembros del Consejo de la Magistratura que se había recibido la prueba documental referida a la denuncia realizada por la empresa Lenga Patagonia SA contra la jueza Laboral de Río Grande, Edith Cristiano.
La firma multinacional mantiene una controversia legal por la propiedad de la Estancia María Cristina, y un fallo de Cristiano en primera instancia (actuando como jueza civil subrogante) le reconoció derechos a la otra empresa que pugna por la titularidad del mismo inmueble.
Sobre este caso, Battaini comunicó que se encuentra en condiciones de elaborar el informe de la ley de jury (igual que en el caso Arias) que recién se pondría a consideración de los consejeros en la sesión posterior a la del 10 de julio.
A propósito de ello, el consejero abogado de Río Grande, Miguel Ángel Castro, contó que había sido contactado con el abogado de la empresa Lenga Patagonia, Eduardo de la Puente, quien le había manifestado que no concuerda con la presentación del jury contra la jueza Cristiano.
De todos modos, como la denuncia contra la magistrada fue suscripta por el presidente del directorio de la compañía, y no por su abogado, los consejeros estimaron que la opinión de De la Puente no era relevante para la continuidad de las actuaciones.
Concursos en trámite
En la sesión de ayer también se confeccionó la lista de postulantes para los tres concursos destinados a cubrir vacantes en diferentes juzgados que están tramitándose en la actualidad.
En relación al cargo de juez de Primera Instancia del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de Distrito Judicial Sur se admitió a seis participantes: Ignacio Unzué, Sebastián Osado Viruel, Albana Príncipe, Matías Ciolfi, Fabián Bonyuán y María Victoria Aguirre (esta última condicionada a un trámite pendiente).
En cuanto al cargo de juez de Primera Instancia de Ejecución del Distrito Judicial Norte, se autorizó la postulación de ocho personas: Javier Barría Velázquez, Luis Vestidelli, María Rosa Santana, Eduardo Tepedino, Jesús González Saber, Federico Villella, Laura Urquiza y Natalia Buitrago.
Por su parte, en cuanto al concurso para juez de la Cámara de Apelaciones, Sala Penal del Distrito Judicial Norte, se admitió a nueve concursantes: Jorge López Oribe, María Seibane, Pablo Bramati, Jesús González Saber, Gabriel Pluis, Verónica Marchisio, Laura Urquiza, Federico Villella y Raúl Cardozo.
En todos los casos se dispuso la publicación de los edictos con los datos de los postulantes y la realización de los estudios psicofísicos.
