l Tribunal Oral en lo Criminal en lo Federal, bajo otra constitución de jueces, fijó para el próximo 26 de septiembre la audiencia de ofrecimiento de prueba para revaluar la participación de Claudia García –, pareja del dueño del Sheik y condenado Pedro Eduardo Montoya –, y de la ciudadana peruana Lucy Alberca Campos, ya que si bien fueron condenadas como partícipes secundarias, del delito de trata, la Cámara Nacional de Casación Penal sostuvo que esa circunstancia debía ser revisada.
Hay que recordar que este año quedó firme la condena contra Pedro Eduardo Montoya, sentenciado por el delito de "trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas". Fue protagonista del primer caso de este tipo en el país donde una de las víctimas se convirtió en querellante, tal cual lo concretó Alika Kinan, víctima del sometimiento.
Montoya había sido condenado en 2016 a 7 años de cárcel mientras que García y Alberca Campos fueron tenidas en su momento como “partícipes secundarios” del mismo delito. En aquel momento los jueces le impusieron una pena de tres años de prisión en suspenso, más $30 mil de multa en el caso de García. Pero para el Tribunal de Casación se debe revisar si en vez de partícipes no fueron coautoras junto a Montoya, lo que de ser comprobado, se le aplicará una pena mayor y posiblemente de prisión efectiva.
Tras la condena de 2016, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó el fallo en abril de este año, y le impuso a los condenados y a la Municipalidad, el pago de $780 mil de indemnización. No obstante el tema de la multa también será revisado, ya que Alika Kinan reclamaba poco más de 2 millones de pesos y se condenó a la comuna a resarcirla con una suma muy inferior.
En su momento la Justicia dio por demostrado que las víctimas de trata rescatadas en 2012 vivían en instalaciones del local Sheik en condiciones “sumamente precarias” en “pequeños cuartos, con humedad, olor a gas, presencia de roedores y suciedad”.
También se fundamentó que las mujeres “hacían pases (relaciones sexuales) en las piezas donde vivían”, cobrando, por ejemplo, “la media hora $700 y la hora $1.000”, aunque “de la media hora se quedaban con $120 y de la hora con $150”.
Los jueces hicieron referencia al empleo de “multas”, a la utilización de “timbres” para avisar que “se terminaban los turnos” y hasta citó lo dicho por las víctimas de que “cuando menstruaban se ponían una esponja en la vagina”, para no dejar de hacer pases, y muchas veces eran golpeadas por los clientes.
