l fiscal de Ushuaia Eduardo Urquiza dictaminó en contra de otorgarle un permiso especial para viajar fuera de la provincia al empresario Héctor Darío “el gringo” Weiss, condenado en mayo a 8 años de prisión efectiva por el abuso sexual de dos niñas de 8 y 14 años.
Weiss había argumentado en un escrito presentado por su defensor público, que necesita trasladarse a la ciudad de Buenos Aires para mantener reuniones con directivos de la empresa Peugeot Citroën Argentina SA, luego de que la firma automotriz le comunicó que pondrá fin al contrato de concesión de las marcas en Ushuaia, supuestamente a partir de la vinculación del empresario con la causa judicial por los abusos.
El empresario sostuvo que de la continuidad de la agencia de autos Grenoble SA, cuyo directorio preside, dependen 28 empleados en relación de dependencia.
Sin embargo, Urquiza replicó que al tratarse la agencia de una empresa con varios socios, cualquiera de ellos podría actuar “en representación de los intereses de dicha entidad comercial como así también por lo individuales”.
Además, ponderó que la ruptura contractual se producirá en una fecha “distante a la presente” (a partir del 31 de marzo de 2020).
El fiscal se sumó al criterio de una de las querellas del caso, que planteó el peligro de fuga latente al existir una condena dictada y al faltar poco tiempo para que el Superior Tribunal revise ese pronunciamiento.
En esa línea, mencionó que la propuesta de Weiss de solventar los gastos de una custodia policial para que lo acompañe, no implica necesariamente que ello evitaría una posible fuga.
En el escrito donde solicita el permiso de salida, el empresario se refiere a la necesidad de viajar “a la brevedad posible” a Buenos Aires (no establece una fecha determinada) y aclara que el viaje tendría una extensión de “no más de cinco días”.
Para justificar la solicitud, el empresario condenado manifiesta que precisa mantener “diversas reuniones” con directivos de la firma automotriz.
“Necesito renegociar con la citada terminal la continuidad de la explotación comercial, o en su defecto acordar la continuidad laboral de la planta de empleados”, menciona el escrito que ahora deberá resolver el Superior Tribunal.
