Polémica por el uso de las redes sociales

Presentaron un segundo pedido de jury contra la jueza de Ushuaia que negó los 30 mil desaparecidos

Fue formulado por las autoridades del Partido Solidario (PS) ante el Consejo de la Magistratura de la provincia, y se suma al que había presentado la semana anterior la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN). En ambos casos se acusa a la jueza Correccional Felicitas Maiztegui Marcó de “inhabilidad moral sobreviniente”. Es por sus polémicos mensajes a través de Twitter donde negó la existencia de 30 mil desaparecidos y justificó el accionar de la última dictadura militar.
16/04/2019
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l Partido Solidario (PS) presentó el segundo pedido de jury de enjuiciamiento en una semana contra la jueza Correccional de Ushuaia Felicitas Maiztegui Marcó, que negó la existencia de 30 mil desaparecidos y justificó el accionar de la última dictadura militar a través de su cuenta de Twitter, confirmaron ayer a EDFM fuentes oficiales.
Las autoridades del PS se sumaron así a la conducción de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) que la semana anterior también efectuó una solicitud similar ante el Consejo de la Magistratura de la provincia.
El presidente del PS, Leandro Manfredotti, y el vicepresidente Moisés Solorza, acusaron a la jueza Maiztegui Marcó de “inhabilidad moral sobreviniente” por sus expresiones vertidas en oportunidad del último aniversario del golpe de Estado de 1976.
“En fechas cercanas a la conmemoración del Día de la Verdad y la Justicia (…) la magistrada promocionó a través de sus redes sociales, polémicos comentarios sobre los hechos ocurridos en la argentina entre 1976 y 1983”, sostiene el pedido de juicio político al que accedió EDFM.
Maiztegui Marcó solicitó a través de su cuenta personal de Twitter que “reconozcan la verdad, no fueron 30 mil desaparecidos. Reconozcan cómo fue todo y cuántos mataron las organizaciones terroristas”.
Después, en otro mensaje, agregó: “digan de una vez que el gobierno democrático pidió a los militares que salven del comunismo a la Argentina”.
Según los dirigentes del Partido Solidario de la provincia, esas manifestaciones vulneran “los altísimos valores democráticos y morales con lo que los magistrados deben regir su vida pública”.
En ese sentido, la presentación fundamenta que las expresiones de la jueza “mal podrían ampararse en la libertad de expresión”, cuando lo que buscan es “relativizar el horror de la última dictadura argentina” y “elige como vía el cuestionamiento a la cifra de 30 mil desaparecidos”.
Al respecto, agrega que si bien el número de personas asesinadas por el gobierno militar surge de una estimación, ello obedece a que “la comprobación empírica nunca pudo realizarse con mayor precisión porque el accionar de la represión fue clandestino”, señala el escrito.
Y en cuanto al comportamiento de Maiztegui Marco, destaca que  “los magistrados deben contar con una responsabilidad agravada al momento de hacer cumplir el estado de derecho, y propender a su respeto por todos los medios posibles”, asevera.

Pedido anterior

El gremio que dirige Julio Piumato también requirió el juzgamiento y destitución de la jueza, al entender que “confunde la libertad de expresión con una bestial apología al odio y al negacionismo del terrorismo de Estado”.
“No debe ser juez penal de Tierra del Fuego ni de la república, quien no está de acuerdo con el principio constitucional de que nadie puede ser condenado (y menos a la pena de muerte) sin juicio previo, ni debido proceso”, señala el primer pedido de jury que analiza el Consejo de la Magistratura fueguino.
Cuando se enteró de los posibles pedidos de juicio político, la jueza replicó esa actitud por la misma red social en que había encendido la polémica: “piden mi juicio político porque a criterio de estas mentes demagógicas y cooptadas, no puedo ni debo opinar sobre la Historia, que es lo que he hecho desde que soy consciente”, aseguró.
En otras ocasiones, Maiztegui Marcó había provocado polémicas públicas al criticar a las abuelas de Plaza de Mayo, a los inmigrantes que “vienen a delinquir al país” y a los grupos feministas, y también por tildar de “corrupta” a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de “caradura” al ex gobernador de Buenos Aires Daniel Scioli.

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