l Gobierno de la Provincia dio a conocer ayer un dictamen del Fiscal de Estado en el que se cuestiona los convenios que la anterior gestión firmó con gremios para entregar viviendas sociales a afiliados de los mismos y solicitó revisar los mismos.
Al respecto la presidenta del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Leticia Hernández, indicó que “estamos ante una situación de una gravedad institucional muy importante, ya que se ha actuado fuera del marco de las normas del organismo, de la ley y en perjuicio de una gran cantidad de fueguinos que fueron avasallados en sus derechos por esta serie de convenios firmados de manera irregular”.
Hernández sostuvo que “nuestra gestión se va a manejar dentro de la ley, revisando lo que haya que revisar como lo hemos hecho desde el primer día que asumimos nuestro cargo, dando intervención a la Justicia en los casos que creamos que se hayan cometido delitos”.
Con respecto a lo que sucederá con los convenios cuestionados, Hernández informó que “realizaremos una auditoría con un estudio jurídico y con el área técnica y legal interna para salir a responder con firmeza”.
Según el comunicado oficial del Gobierno, “el Fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, detectó convenios firmados entre el IPV y algunas organizaciones con beneficiarios anotados a último momento”.
“La intervención Martínez de Sucre surgió a partir de la denuncia realizada por agentes del IPV de Ushuaia que señalaba irregularidades cometidas durante la presidencia de Gustavo Vázquez”, manifestaron desde la prensa gubernamental.
Según indicaron desde el Ejecutivo “la resolución señala como sujetos de revisión convenios oportunamente firmados con los gremios de UTHGRA (gastronómicos), APA (aeronáuticos), SIPETAX (taxistas), UOYEP (plásticos) y otros, en los cuales se incluyeron beneficiarios que ni siquiera estaban anotados en el IPV”.
Según la gacetilla también “se solicita a revisar el convenio firmado con la cooperativa “Nuestro Techo” para la construcción de 29 viviendas por más de 76 millones de pesos, teniendo en cuenta que dichas parcelas de tierra ya habían sido comprometidas con la urbanización del sector II del barrio Río Pipo”.
