edro Eduardo Montoya, ex propietario del prostíbulo “Sheik” de la ciudad de Ushuaia y condenado a siete años de cárcel en 2016 por trata de personas, en la causa donde fue querellante la activista Alika Kinán, solicitó la prisión domiciliaria por la pandemia de coronavirus pero el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la provincia se la denegó, según confirmaron a EDFM fuentes judiciales.
Montoya, que cumple la pena desde 2018, cuando su condena fue ratificada por la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, cumplió recientemente 60 años y por lo tanto ingresó en uno de los llamados “grupos de riesgo” para la Covid-19.
Sin embargo, voceros judiciales explicaron que el servicio penitenciario de la provincia ya había aislado a todos los internos en situación similar, desde el comienzo de la cuarentena, trasladándolos hasta un grupo de cabañas vigiladas, ubicadas en la zona del Río Pipo, en las afueras de Ushuaia.
Con ese argumento, la Justicia le denegó el pedido de seguir cumpliendo la prisión en su domicilio, luego de disponer una evaluación médica que realizaron forenses del Superior Tribunal de Justicia fueguino.
De todos modos, el tribunal del que depende Montoya también le solicitó a la Dirección de Monitoreo y Vigilancia de la justicia que tenga lista la llamada “pulsera electrónica” para el caso de que algún cambio de situación determine que el condenado no pueda seguir viviendo en las instalaciones actuales.
Montoya fue condenado por el delito de "trata de personas agravado por la pluralidad de víctimas", en el primer caso de este tipo en el país donde una de las víctimas se convirtió en querellante.
En el caso también se condenó como “partícipes secundarios” del mismo ilícito a Claudia García, pareja de Montoya, y a la ciudadana peruana Lucy Alberca Campos, que oficiaba como encargada del prostíbulo, y les impuso una pena de tres años de prisión en suspenso, más $30 mil de multa en el caso de García.
Los magistrados dispusieron el decomiso del dinero secuestrado durante los operativos judiciales y del inmueble donde funcionaba el prostíbulo.
La Justicia dio por demostrado que las víctimas de trata rescatadas en 2012 vivían en instalaciones del local Sheik en condiciones “sumamente precarias” en “pequeños cuartos, con humedad, olor a gas, presencia de roedores y suciedad”.
También se fundamentó que las mujeres “hacían pases (relaciones sexuales) en las piezas donde vivían”, cobrando, por ejemplo, “la media hora $700 y la hora $1.000”, aunque “de la media hora se quedaban con $120 y de la hora con $150”.
Los jueces hicieron referencia al empleo de “multas”, a la utilización de “timbres” para avisar que “se terminaban los turnos” y hasta citaron lo dicho por las víctimas de que “cuando menstruaban se ponían una esponja en la vagina”, para no dejar de hacer pases, y muchas veces eran golpeadas por los clientes.
