a demanda impulsada por centenares de efectivos policiales contra el Gobierno de la Provincia para hacerse de los fondos descontados por el mentado decreto 1947/99 de la gestión de José Estabillo carga las responsabilidades contra el actual jefe de la Policía, comisario Gustavo Penza, a quien acusan de no haber puesto en marcha el sistema de compensación que marcaba la norma.
El escrito sería presentado en las próximas horas por el doctor Gonzalo García, en lo que significará un juicio contencioso administrativo de envergadura y sin precedentes en la provincia. Esto en razón de la cantidad de integrantes de la fuerza que demandan la devolución de fondos, que rondan los 500 policías en Ushuaia y otro tanto en Río Grande.
Las presentaciones son individuales, aunque bajo el poder de García, donde se promueve una demanda contencioso administrativa contra el Poder Ejecutivo provincial y la Policía de la Provincia.
En el escrito se sostiene que "preliminarmente puede afirmarse que la administración, al aplicar en el ámbito de la Policía de la Provincia la emergencia económica declarada mediante el Decreto Provincial Nº 1947/99, utilizó un método ilegal y profundamente violatorio, no sólo de las más elementales garantías constitucionales, sino también de derechos humanos amparados por tratados internacionales, al operar la reducción salarial prevista sin reglamentar previamente el mecanismo compensatorio". Esto para el abogado y el personal policial significó una violación "del debido proceso administrativo y por ende el debido derecho de defensa del administrado, determinando ello las vías de hecho de la administración, que involucran una violación a derechos y garantías individuales".
García sostendrá ante el juez Laboral Guillermo Penza la vía impugnatoria y reclamatoria judicial directa prevista por el artículo 11º de la Ley Provincial Nº 133. En ese marco solicita que "a los efectos de demostrar las vías de hecho, salvo mejor criterio del señor Juez, se disponga de manera preliminar, y previo a habilitar la instancia jurisdiccional en los términos y alcances del articulo 29º del CCA, el libramiento de oficio a la Policía de la Provincia –Jefatura de la Policía– a los efectos de que se sirvan informar si ha sido reglamentado el mecanismo compensatorio de la reducción salarial prevista a través del decreto Nº 1947/99, de conformidad a lo que ha sido imperativamente previsionado por el articulo 19º inciso 3 del aludido decreto provincial".
Directo contra Penza
En la demanda, los policías y su abogado emprenden directamente contra el comisario Gustavo Penza, a quien acusan de no haber implementado lo plasmado en el decreto para compensar la reducción.
Es decir que "la Jefatura de la Policía a cargo del ex comisario mayor Gustavo Penza, jamás dio cumplimiento a lo establecido por el párrafo tercero del artículo 19º del Decreto N° 1947/99, no habiendo por ende notificado jamás la reglamentación que el Poder Ejecutivo puso a su cargo como obligación previa a la aplicación de la reducción salarial", señala la demanda en la que entenderá el juez Penza.
De este modo, se sostiene "la completa y absoluta falta de planificación exigida al jefe de la Policía, comisario Penza, por el párrafo tercero del artículo 19° del Decreto Provincial N° 1947/99, planificación que nunca fue realizada por la administración, y que reglamentaría el ejercicio del mecanismo compensatorio de reducción de la jornada laboral y licencias extraordinarias". Además señala que de "no haberse reglamentado ni aplicado el mecanismo compensatorio de reducción de la jornada laboral en el ámbito de la Policía de la Provincia, la Jefatura de la Policía dirigida por el comisario Penza aplicó lo mismo la reducción de la escala salarial en dicho ámbito, desde el mes de enero de 2000 inclusive y hasta el mes de diciembre de 2003 inclusive, a la totalidad del personal policial de la provincia, ya sea de origen territorial o provincial, revistiendo dicha medida, por ende, carácter general en sus efectos aplicativos".
El abogado apoderado señala en el escrito que "lo que no tuvo carácter general en sus efectos aplicativos, es más, no tuvo carácter alguno ya que no existió, fue la aplicación del mecanismo compensatorio previsto por el plexo normativo de la misma declaración de emergencia económica en el ámbito de la Policía de la Provincia, circunstancia que también afirma el letrado apoderado del actor y además de cantidad de personal policial en idéntico trámite en estos días".
Según los demandantes, Penza omitió esta compensación que en el plazo de 48 horas se debía realizar la planificación que reglamente el ejercicio del derecho compensatorio, lo que "ha obstado naturalmente la posibilidad de efectivizar el mismo en la práctica cotidiana, para compensar los descuentos salariales implementados por esa misma desaprensiva Jefatura para con todos sus subordinados", acusa el letrado.
A partir de este juicio, los policías solicitan al fuero laboral que se haga efectivo el pago de la diferencia salarial que les causó el decreto de Estabillo durante estos años y se haga lugar a la demanda para hacerse de los fondos.
