a posibilidad de que el Gobernador no haya dado cumplimiento a lo que determina la ley de declaraciones juradas patrimoniales motivó que los legisladores del ARI denunciaran a Colazo ante la Fiscalía de Estado por "eventual omisión maliciosa".
Los legisladores Manuel Raimbault y José Martínez radicaron ante la Fiscalía de Estado una denuncia contra el gobernador Colazo por el supuesto delito de "omisión maliciosa", en el que podría haber incurrido el mandatario fueguino ante un potencial incumplimiento a lo que determina la ley de declaraciones juradas patrimoniales.
Puntualmente, se sospecha que el Gobernador no cumplió con lo establecido en el inciso a) de la ley 352, que determina la obligatoriedad de actualizar las declaraciones juradas "cuando exista modificación sustancial del patrimonio" denunciado con anterioridad por el funcionario de que se trate.
En el escrito presentado a mediados del mes pasado, los legisladores del ARI señalan que en agosto de 2004, el Gobernador reconoció haber adquirido "una importante propiedad en la localidad turística de Carlos Paz, provincia de Córdoba", en una cifra "inferior a los 185.000 mil dólares", lo que a entender de los parlamentarios, por el monto en cuestión, "presumiblemente puede ser calificada como una modificación sustancial del patrimonio" de Colazo que no habría sido debidamente comunicada por el mandatario.
Esta presentación fue remitida por la Fiscalía de Estado al Tribunal de Cuentas, para que este órgano de control imponga de la existencia de la denuncia en su contra al Gobernador, y para que éste formule el descargo pertinente.
El 19 de septiembre, Jorge Colazo contestó el requerimiento del Tribunal de Cuentas asegurando que "no se ha efectuado un incremento que supere el 20% de mi capital, que hubiere motivado una modificación de mi última declaración jurada" por lo que entiende no haber incumplido con la ley 352.
Unificación de denuncias
Habida cuenta de que la denuncia penal que por supuesto enriquecimiento ilícito radicó ante la Justicia el abogado Alejandro de la Riva fue remitida a la Fiscalía de Estado, los legisladores del ARI solicitaron la unificación de la denuncia impulsada por de la Riva y la presentada por ellos, para que se proceda a abrir la declaración jurada que presentara el Gobernador el 15 de marzo de 2004, para poder determinar si efectivamente se ha registrado un incremento sustancial de su patrimonio o no. Solicitan además que en caso de constatarse la veracidad de sus presunciones, se proceda a denunciar penalmente al Colazo por "omisión maliciosa".
Según determina el artículo 268.3 del Código Penal, el delito de omisión maliciosa se configura cuando el funcionario obligado a hacerlo no presentare su declaración jurada "y omitiere maliciosamente" cumplir con esa exigencia, una vez notificado de manera fehaciente de ese incumplimiento, como así también cuando "maliciosamente falseare u omitiere insertar los datos que las referidas declaraciones juradas deban contener de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables". Este delito "será reprimido con prisión de 15 días a 2 años e inhabilitación especial perpetua" para ejercer cargos públicos.
Los bienes que declaró Colazo
De acuerdo al descargo presentado el 19 de septiembre, Jorge Colazo había incorporado a la declaración jurada, presentada el 15 de marzo de 2004, dos terrenos en la provincia de Buenos Aires; un local y una vivienda en Río Grande; una vivienda y un departamento en Córdoba y tres vehículos; más otros bienes, todos gananciales, por un total superior al medio millón de pesos. Además incorporó su ingreso como Gobernador y de su esposa como Secretaria de Relaciones Institucionales del Gobierno, más alquileres por unos 800 pesos, lo que redondearía ingresos mensuales del orden de los 15 mil pesos.
En lo que hace al inmueble adquirido en Córdoba a mediados de 1994, sostiene que fue adquirido por su esposa en unos 140 mil pesos, y que para realizar esa operación inmobiliaria contrajo un crédito a 10 años en el Banco Hipotecario Nacional. Además, informa que desde su asunción como Gobernador vendió una serie de bienes, de los que solamente precisa 4 de ellos (valuados en su primera declaración en el orden de los 100 mil pesos), pero sin indicar con claridad el monto involucrado en esas operaciones ni la fecha en que se realizaron.
De acuerdo a la declaración jurada que presentó sobre el fin de su paso por el Senado de la Nación, había indicado como ingresos mensuales su sueldo como Gobernador y alquileres por 9800 pesos, y bienes por un valor estimado a los 260 mil pesos.
