as autoridades de la UOM de Ushuaia y Río Grande solicitaron a los legisladores su intervención para lograr soluciones a la problemática de inestabilidad laboral que atraviesa la gran mayoría de trabajadores del parque industrial, a cuyos efectos entregaron un proyecto de ley para que sea tratado por los parlamentarios fueguinos, que entre otras cosas plantea la emergencia laboral.
El secretario adjunto de la seccional riograndense, Ricardo Zárate, anotó que "además de plantear la problemática le acercamos un proyecto concreto orientado a solucionar la situación de nuestros compañeros contratados, que de por sí es muy complicada", recordando que se trata de un reclamo "que venimos haciendo desde hace tres años, y que consiste en la efectivización de la gente".
Inestabilidad "preocupante"
El citado dirigente sindical remarcó que la situación enunciada "produce una preocupante sensación de inestabilidad en los compañeros, porque no pueden proyectar su vida a futuro", razón por la que, avanzó, "es algo que venimos discutiendo en nuestra organización, con adopción de algunas medidas gremiales y políticas".
Zárate anotó que "en el ámbito político hemos dado ya algunos pasos importantes", entre los que citó las gestiones efectuadas ante el Ministerio de Trabajo de la Nación y la Legislatura provincial, destacando el hecho de que "los legisladores hayan tomado la propuesta que les acercamos esta mañana (ayer), con el compromiso de evaluarla sobre tablas, cosa que hicieron para luego pasar el asunto a comisión".
El metalúrgico de la vecina ciudad adelantó su predisposición a seguir trabajando con los legisladores, para evacuar las dudas que se le puedan presentar, "porque entendemos que se trata de una situación compleja, pero también que es necesario que se la revierta inmediatamente".
Declaren la emergencia
Precisó que "la propuesta consiste básicamente en una ley de emergencia laboral para nuestro sector" y recalcó que "más allá de la discusión de la iniciativa, queremos que los legisladores estén consustanciados con la situación que padecemos", e insistió con que "nosotros estamos abiertos a discutir lo que sea necesario para solucionar este problema", máxime teniendo en cuenta que "la legislación vigente avala al sector empresario a mantener este tipo de contratos que estamos cuestionando, porque forma parte de la flexibilización laboral que se impuso hace muchos años".
Un tema "relegado"
Desde la seccional local, el secretario general, Héctor Tapia, destacó el trabajo conjunto que viene realizando con sus pares de Río Grande para erradicar el sistema de contratos que se aplica en el parque industrial actualmente, y anotó que "en los tres años que venimos discutiendo con la patronal, si bien hemos conseguido algunos acuerdos en materia salarial, el asunto de la inestabilidad laboral ha venido siendo relegado, a pesar de que tenemos una gran cantidad de compañeros contratados".
Hecha esta apreciación, cifró sus esperanzas de que "los legisladores tomen cartas en el asunto y nos ayuden llevando adelante todas las acciones que estén a su alcance; porque con la AFARTE aún no podemos consensuar un acuerdo que permita desterrar el sistema de contratos, que en el parque industrial de Ushuaia oscila en el 71 por ciento, y en el de Río Grande en el 51 por ciento".
Con facultades para intervenir
Si bien reconoció que el marco legal que regula el funcionamiento del parque industrial fueguino es de carácter nacional, Tapia sostuvo que la Legislatura tiene algunas facultades para intervenir, puesto que "así como hay leyes que han apuntado a la flexibilización laboral, la norma que establece la promoción industrial prevé una cierta cantidad de personal efectivo en cada establecimiento, lo que las empresas no están cumpliendo".
Tapia observó que desde el empresariado se vive argumentando "la crisis, para mantener esta situación; pero nosotros creemos que la crisis ya pasó y que cuando explotó en 2001 acá en Ushuaia teníamos casi 600 trabajadores efectivos, y actualmente, de una población de 700 trabajadores no llegamos a contar 200 personas en planta permanente".
Intensificar los controles
Más allá de los obstáculos que podrían presentarse para que la Legislatura avance en soluciones a un sector que está regido mayormente por leyes nacionales, Zárate señaló que "nosotros entendemos que debe haber una decisión política provincial de intensificar el control en el parque industrial, cosa que hasta el momento no existe, y el gremio no tiene posibilidad alguna de denunciar ninguna irregularidad, porque las normas establecen que debe hacerlo el propio contratado, y si éste lo hace corre el peligro real de perder su puesto de trabajo y que no lo temen nunca más".
Tras señalar que "éste es tan sólo uno de los puntos que estamos observando; porque el abuso que se está produciendo en materia de contratos, con reiteración de los mismos, por ejemplo, es algo que debe controlar el poder de policía".
"El problema es que no lo hace", lamentó, para señalar que "yo me fui de la Secretaría de Trabajo porque entendí que no había una decisión política del Gobierno de controlar absolutamente nada, y ante esa definición entendí que no tenía ningún sentido que siguiera al frente de ese organismo".
"Entendemos que se trata de un tema muy complejo, porque hay leyes nacionales vigentes en el medio; pero también es necesario solucionar el problema de los compañeros contratados porque, además de padecer inestabilidad laboral, cobran mucho menos que un efectivo. Así que, si a todo esto le agregamos la política de no controlar, la situación se agrava aún más", expresó el sindicalista de Río Grande.
Zárate insistió en la necesidad de que "la Legislatura tome cartas en el asunto, porque además esta situación se contradice con el espíritu de arraigo de la ley 19640, ya que actualmente se registran alrededor de 1500 jóvenes que anualmente sale en busca de un trabajo, y Tierra del Fuego no le está proponiendo absolutamente nada".
