l fiscal Mayor, Guillermo Mássimi, solicitó a la Jueza de Instrucción que cite a indagatoria al actual subsecretario de Obras y Servicios Públicos Zona Sur, Jorge Armando Domínguez, y al ex subsecretario de planificación de Obras Públicas, Pedro Bernal, por las irregularidades detectadas en esa área en cuanto a obras que habrían sido pagadas con anticipos por el Estado pero que nunca se hicieron.
Así lo confirmó Mássimi a el diario, señalando que en las últimas horas solicitó a la jueza María Cristina Barrionuevo se cite a Bernal y Domínguez con el objeto de que presten declaración indagatoria en torno a la causa donde se investiga el otorgamiento de anticipos con cargo a rendir. También pidió la indagatoria de dos personas ajenas a la función pública, pero prefirió no dar a conocer las identidades de los mismos.
Los elementos de pruebas con los que cuenta el fiscal son sumamente incriminantes, a punto tal que hace un par de días solicitó la detención de Domínguez, pero el pedido no prosperó y fue denegado por la jueza de primera instancia.
En principio, se investigarían una decena de hechos que se traducen en su mayoría a distintas obras por las cuales se pagaron miles de pesos pero no se constató la verdadera prestación del servicio. Existen expedientes donde las anomalías rozan con lo burdo, ya que, como se dio a conocer por un informe del Tribunal de Cuentas, las irregularidades son notorias. Por ejemplo, se han pagado trabajos de revoque y al momento de la inspección de los auditores del Tribunal, la pared era de chapa. O figura en algunos expedientes que se han reemplazado chapas de un techo de un edificio público, y al revisarse se notó que el techo era de loza.
El aparente perjuicio económico al Estado rondaría, según los primeros estudios, los 300 mil pesos, aunque como la investigación no está cerrada, no se descarta que esta cifra se pueda incrementar notablemente.
Si bien en principio la imputación está centrada en una presunta estafa al Estado, Mássimi no descarta que con el avance de la investigación, y atento a los elementos que continúen surgiendo, la calificación legal pueda ser modificada por la posible existencia de una asociación ilícita.
Ante el planteo del representante del Ministerio Público, es ahora la jueza Barrionuevo quien analiza el requerimiento, y en las próximas horas estaría resolviendo si hace lugar o no a las indagatorias de los dos funcionarios del gobernador Colazo y de las dos personas ajenas a la gestión pública.
