l alto tono crítico hacia el accionar del Superior Tribunal de Justicia en la causa iniciada por el gobernador Colazo contra la Sala Acusadora de juicio político, constituyó el elemento saliente de la sesión legislativa de ayer.
Las opiniones manifestadas por parlamentarios de distintas bancadas resultaron coincidentes al momento de cuestionar, lo que se considera, resulta una inaceptable demora en la resolución del planteo formulado por Colazo. También hubo unanimidad de criterios al calificar como una clara e intolerable intromisión en las facultades conferidas por Constitución a la Legislatura, la decisión de la corte fueguina de suspender "todos los actos del procedimiento de juicio político".
La "tolerante" actitud asumida hasta ese momento por la Cámara, tal la definición dada por el arista Raimbault, fue dejada de lado ayer, ya que el Parlamento trató una cuestión de privilegio contra la Corte, y por unanimidad resolvió "considerar que la suspensión del trámite de juicio político dispuesto por el Superior Tribunal de Justicia, violenta los privilegios y las facultades que la Constitución provincial acuerda a la Legislatura de la Provincia, obstaculizando su normal funcionamiento". Además se instruyó a la Fiscalía de Estado para que solicite a la Corte la habilitación de días y horas inhábiles para que se acoten los plazos de resolución sobre la medida cautelar en trámite, y el "levantamiento total o parcial de la medida precautelar" que repuso a Colazo en el cargo de Gobernador. Por último, se dispuso girar la cuestión de privilegio planteada a la Comisión de Legislación General " a los efectos de que se meritúe, con tratamiento preferencial, la pertinencia de iniciar jury de enjuiciamiento" contra los tres ministros de la corte provincial.
Estado de sitio judicial
En la fundamentación del proyecto, Raimbault afirmó que "la Legislatura está bajo estado de sitio por una resolución de la Justicia que violentó la Constitución y está obstaculizando el cumplimiento de la ley".
Reclamo por la demora en que incurrió el Superior Tribunal para resolver la cuestión, y señaló que mientras una sociedad está expectante, "la Justicia está mirando hacía otro lado; a la Casa Rosada o a la Casa de Gobierno", precisó.
Por su parte, el justicialista Sciutto dijo que "hoy la Justicia está empezando a ser sospechada de estar sobrepasándose en sus funciones", y adelantó la posibilidad de que la Legislatura analice solicitar que organismos nacionales e internacionales "actúen cono veedores de la Justicia fueguina".
Reformas a la ley de Ministerios y del Consejo de la Magistratura
En una misma línea argumental, respecto de la cuestión de privilegio planteada, la Legislatura procedió a modificar las leyes de Ministerio y del Consejo de la Magistratura. En la primera de ellas, se derogó el punto 4 del artículo 8 de la ley 617, que ponía exclusivamente en cabeza del Ministro de Coordinación la representación del Poder Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura. Esta disposición se adoptó en virtud de las reiteradas inasistencias del ministro Welsch a la reuniones de ese cuerpo, lo que entorpece el normal funcionamiento del mismo. Esta reforma permitirá que, tal lo determina la Constitución, el Gobernador designe al Ministro que integrará el Consejo, sin verse constreñido por las limitaciones que fijaba la ley de Ministerios.
Por otra parte, para facilitar y agilizar el funcionamiento habitual del órgano responsable de la designación y remoción de magistrados, se aprobó la modificación del artículo 19 de la ley de funcionamiento del Consejo. El artículo en cuestión establecía que "el quórum necesario para sesionar será el de la mayoría absoluta de sus miembros" y que "las resoluciones se aprobarán por el voto de la mayoría absoluta de los votos emitidos". Tendiendo en cuenta que la falta de quórum que viene padeciendo el cuerpo impidió incluso hasta la recepción de los pedidos de juicio político presentados contra la Corte fueguina, se acordó que ese cuerpo se rija por el mismo sistema de quórum vigente para el Parlamento, de manera tal de posibilitar que transcurrida una hora de la convocatoria sin obtener el quórum necesario para sesionar, se lo pueda hacer con el número de consejeros presentes. La aprobación de las resoluciones allí adoptadas requerirán "la mayoría absoluta de los votos emitidos".
Esta propuesta fue objetada por el oficialista Jorge Bericua, quien interpretó absolutamente inadecuado "legislar para la coyuntura". A pesar de demostrar cierto desconocimiento sobre las normas que regulan el proceso de enjuiciamiento, alertó que, a su entender, la modificación pretendida "puede resentir la calidad institucional del Consejo de la Magistratura". Sus argumentos no lograron conmover la opinión de sus pares. Para despejar las dudas del oficialista, los legisladores Frate y Raimbault explicaron que la reforma introducida no habilita la destitución de magistrados por una minoría, ya que el procedimiento de jury está regulado por la ley 525.
Causal de jury en la gatera
Además de la cuestión de privilegio y de las reformas aprobadas a las leyes ya mencionadas, se dispuso incorporar al orden del día con tratamiento preferencial sin fecha fija –lo que implica que el asunto podrá ser tratado en cualquiera de las próximas sesiones sin más trámite– el rechazo de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2004 del Poder Judicial. La presentación en cuestión había recibido una serie de observaciones de parte del Tribunal de Cuentas, que fueron consentidas –según señaló el arista José Martínez– por el propio Superior Tribunal. Vale recordar que una de las acusaciones que dieron lugar que a uno de los dos juicios políticos que se le siguen a Colazo está directamente relacionado con la Cuenta de Inversión de 2004 de la Administración Central, la que fue rechazada por el Parlamento. Por ello no resulta desatinado presuponer que si la Legislatura vota por el rechazo de la Cuenta de la Justicia, el pedido de jury presentado por el ARI contra los miembros del Superior Tribunal se fortalezca en su argumentación.
El BTF y el descuento de facturas a proveedores
A instancias del legislador mopofista Damián Löffler, y a raíz de la denuncia pública que formulara por este medio el ex ministro Alejandro Vernet, la Cámara resolvió solicitar al Banco de Tierra del Fuego que informe "si existe alguna operatoria aprobada por el Directorio de esa entidad financiera, vinculada al descuento de facturas con proveedores del Poder Ejecutivo provincial". En caso de existir, se requirió la copia de resolución de Directorio correspondiente; los datos de los proveedores que hubieren utilizado la operatoria; fecha, monto y número de las facturas descontadas; monto total de la operatoria, y "detalle acabado de las condiciones acordadas con los clientes, instrumentos legales que avalan las mismas, estando particular de cada una de las operaciones".
¿Y esa plata de dónde sale?
Por otra parte, también se aprobó un pedido de informes en el que se reclaman precisiones sobre el "monto y concepto por los cueles fueron recibidos por el Poder Ejecutivo, los fondos anunciados por el Ministerio de Educación, e instrumentos legales que avalen el ingreso de los mismos". Se pide también que se comunique sobre la "modificación de partidas presupuestarias" que hubieren sido practicadas en función de la obtención de esos recursos; la copia de la solicitud de autorización a la Legislatura para la ampliación de partidas del presupuesto, y destino dado a esos fondos. Este pedido está directamente referido a los 22 millones de pesos que el Gobierno nacional habría entregado a la Provincia para solucionar el conflicto docente, según anunció el viernes de la semana pasada el ministro de Educación, Oscar Lassalle. (ver nota "No se recibieron...")
De esta undécima sesión ordinaria no participaron el justicialista Raúl Ruiz, por problemas de salud; la ex radical Patricia Pacheco, quien se encontraría en la ciudad de Buenos Aires; y el vicegobernador Hugo Cóccaro, ya que se encuentra a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del gobernador Colazo a la Capital Federal.
