a seccional local de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) anunció la inminente presentación, en la Legislatura provincial, de un pedido de juicio político al gobernador Jorge Colazo, a quien denunciaron por el supuesto incumplimiento de la ley 667.
La norma mencionada –denominada adicional "zona austral de Tierra del Fuego" y que plantea el cien por cien de la zona 'A', que establece el convenio colectivo de trabajo Nº 76/75 para la industria de la construcción– fue sancionada el 7 de julio pasado, promulgada el 3 de agosto y publicada el 12 del mismo mes.
El secretario general de la mencionada entidad sindical, José Salinas, explicó que el equipo de asesores jurídicos del gremio que conduce "ya están trabajando en la demanda", y estimó que el planteo estaría realizándose "la próxima semana".
De cualquier manera, el dirigente sindical condicionó la efectivización del requerimiento al Parlamento al no pago del ítem zona fría con el coeficiente del cien por cien, como establece la ley provincial citada, que esperó "se haga efectivo lo más pronto posible".
Un paro con "adhesión total"
En otro orden de cosas, Salinas expresó su satisfacción por el nivel de acatamiento al paro de actividades que finalizó ayer y aseguró que la medida registró "un total acompañamiento, del cien por cien".
"La obra del Plan Federal de Río Grande, que contempla la construcción de 1017 viviendas, está completamente parada, lo mismo que la del río Pipo en Ushuaia", señaló el gremialista, quien ratificó "el cien por cien de adhesión", para anotar que "estamos hablando de 600 compañeros adheridos al paro, que es la población afectada a las obras públicas del Gobierno".
Cabe destacar que la medida de acción directa, que comenzó el último martes, fue impulsada por la UOCRA debido a "la falta de interés del Gobierno para solucionar el conflicto", según señaló el titular de la UOCRA, quien recordó que el Ejecutivo fueguino "se había comprometido a realizar una reunión para el lunes pasado con los trabajadores, pero luego lo suspendió sin razón alguna".
El titular del gremio de la construcción precisó que el reclamo concreto del sector consiste en "que se cumpla con lo que establece la ley 667; es decir, que se pague el ítem zona desfavorable al cien por cien, a los empleados de la construcción", remarcando que actualmente el problema lo tienen únicamente con las empresas adjudicatarias de las obras públicas que encara el IPV.
Observó inclusive que "en esta quincena los obreros de la construcción no sólo tendrían que haber percibido el incremento estipulado en la ley 667, sino también el monto de la retroactividad del aumento al 16 de agosto pasado", por lo que fustigó que "ninguno de estos dos puntos se vieron reflejados en los salarios de los compañeros".
Hecha esta observación, anotó que "estamos esperando para saber qué es lo que va a hacer la Secretaría de Trabajo; es decir, si va a convocar a alguna audiencia conciliatoria o no, pero eso ya no depende de nosotros", y recalcó que "acá estamos ante un problema político, que el Gobierno no sabe cómo resolver porque sus integrantes son unos incompetentes, y también porque están especulando con si se va Colazo o no".
"Así que, lamentablemente, los trabajadores estamos en un sándwich, por esta pelea política que tiene este Gobierno", expresó, para ratificar luego el carácter indefinido de la medida de fuerza que llevan adelante, hasta tanto el Ejecutivo provincial se digne a cumplir la ley 667".
