Anticipos con cargo a rendir

Hoy indagan a funcionarios de Colazo

13/10/2005
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os dos funcionarios del gobernador Jorge Colazo investigados por los presuntos desmanejos con los anticipos con cargo a rendir en el área de Obras Públicas deberán visitar hoy por la mañana el Juzgado provincial, con el objeto de prestar declaración indagatoria ante la jueza María Cristina Barrionuevo.
A primeras horas de la mañana están citados el ex subsecretario de planificación de Obras Públicas, Pedro Bernal, y quien hasta anoche era el subsecretario de Obras y Servicios Públicos Zona Sur, Jorge Armando Domínguez. El fiscal mayor, Guillermo Mássimi, les imputa en principio el posible delito de defraudación contra la administración pública. Según el funcionario judicial, los hombres de Colazo habrían realizado maniobras poco claras al solicitar anticipos con cargo a rendir para efectuar obras en distintos edificios de Gobierno que nunca habrían sido realizadas.
Mássimi había anticipado la semana pasada el pedido de indagatoria, y la jueza Barrionuevo le hizo lugar y hoy Bernal y Domínguez deberán sentarse en el banquillo de los acusados.
En principio, se investigarían una decena de hechos que se traducen en su mayoría a distintas obras por las cuales se pagaron miles de pesos pero no se constató la verdadera prestación del servicio.
Para el Ministerio Público, las pruebas y los indicios en contra de Bernal y Domínguez son de peso, a punto tal que Mássimi solicitó días atrás la detención de este último, pero su pedido no prosperó. No obstante, hoy será una buena oportunidad, en caso de que accedan a declarar –tienen el derecho a negarse–, para que las partes evacuen sus dudas. 

Pedido de embargo

Por otra parte, trascendió que en las últimas horas, Mássimi habría solicitado a la jueza se trabe un embargo sobre cada uno de los imputados por la suma de 300 mil pesos.
Hasta últimas horas de ayer, no se había dado a conocer si Barrionuevo había hecho lugar a este nuevo requerimiento de la fiscalía. Este pedido está fundado en que el supuesto perjuicio al Estado podría rondar esta suma y es una forma procesal ante este tipo de hechos delictivos.
De no contar los sospechosos con bienes a su nombre, la jueza podría dictarles una inhibición de bienes, lo que le impediría en un futuro adquirir valores y poseer su titularidad.

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