Representante en el Consejo de la Magistratura

Subsanan error y convocan a elecciones para abogados riograndenses

02/05/2006
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ierto malestar causó en algunos jueces y funcionarios la convocatoria a elecciones por parte del gobernador Hugo Cóccaro para cubrir la vacante que deje el abogado de Río Grande, indicaron fuentes judiciales. 
La situación se generó a partir de la convocatoria de Cóccaro, debido a que el mandatario firmó el decreto 1420/06 convocando a elecciones solamente a los abogados pertenecientes al Colegio Público de Abogados de Río Grande para elegir al representante de esa ciudad en el Consejo de la Magistratura. El decreto convocaba a los letrados para realizar la elección el 20 de junio próximo, en el marco del artículo 7° de la Ley Provincial N° 8 y artículo 7°, inciso f) de la Ley Provincial N° 607.
Pero tras haber excluido –sin mala intención aparente– a los magistrados y funcionarios de las elecciones, Cóccaro tuvo que firmar un nuevo decreto, realizando la salvedad. Para ello materializó el decreto 1590/06, aunque poco se entiende en principio la salvedad, ya que invoca el artículo 4 inciso a) de la ley 607, que establece quienes no podrán ejercer la profesión de abogado y procurador en la provincia de Tierra del Fuego. Luego sí, señala que se agregue al segundo párrafo del artículo 1 del decreto 1420, los previstos en el artículo 7 de la ley provincial Nº 8.
El error causó cierto malestar en los funcionarios judiciales, y no resultó una situación menor, ya que sólo basta recordar que en 2004, justamente fue el Colegio de Abogados de Ushuaia quien pidió judicialmente –y llegaron al Superior Tribunal– la exclusión del padrón de los abogados jueces y funcionarios del Poder Judicial. Luego la demanda fue retirada con el argumento de que a casi un año de estar irresuelto el planteo, no podía seguir el Consejo de la Magistratura funcionando sin abogados que representen al sector.
Lo cierto es que Cóccaro reparó el error e incluyó –según la interpretación que se hizo– a los funcionarios y magistrados de la Justicia. De no haberse subsanado la convocatoria, desde la Asociación de Magistrados y Funcionarios anticiparon a el diario que ya tenían pensado impugnar el decreto o pedir su inconstitucionalidad.

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