os legisladores de ARI Manuel Raimbault y José Martínez y el justicialista Carlos Saladino entregaron ante la fiscalía judicial de Ushuaia copia de la acusación y la sentencia dictada contra el destituido Jorge Colazo en la causa denominada "cuenta general del ejercicio 2004"·
En el procesamiento político llevado adelante por la Legislatura sobre ese particular, el arista Raimabult había afirmado al sostener la acusación contra Colazo que la deliberada omisión de llevar registros contables confiables en la Administración Central tenía por finalidad concretar un "saqueo planificado y sistematizado del Estado", y que ese "patrón delictivo" surgió con claridad de las investigaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas y la Justicia sobre los anticipos con cargo a rendir. En aquella oportunidad Raimbault no descartó que existiera directa vinculación entre ese desmanejo de recursos públicos y un potencial enriquecimiento ilícito de Jorge Colazo.
Si bien al momento de leer la acusación el legislador había solicitado que una vez dictada sentencia en el juicio político se remitiera a la Justicia copia de todas las actuaciones originadas durante el proceso, la sala juzgadora resolvió que esa cuestión debía ser resuelta a posteriori por un plenario de legisladores.
Desde el dictado de las sentencias de destitución e inhabilitación de Colazo en los dos juicios políticos que se le siguieron ya trascurrieron casi 6 meses, y durante ese lapso el parlamento no se reunió para resolver si debía remitir o no a la justicia los antecedentes de esos procesos. Ante esa especie de inacción o desinterés, el justicialista Saladino, como presidente de la comisión de Legislación General, y los dos legisladores de ARI hicieron entrega de la documentación referida por la importancia que podría tener en el marco de la causa en la que se investigan los anticipos con cargo a rendir que fueran entregado durante la gestión de Colazo.
Los trascendidos indican que parte de la información colectada durante el proceso de enjuiciamiento político, sumada al cúmulo de aquella originada por la pesquisa judicial, permitiría que el Ministerio Público Fiscal concrete una durísima acusación contra el destituido gobernador y parte de sus más cercanos colaboradores.
