a jueza de Instrucción de Segunda Nominación, María Cristina Barrionuevo, dictó una resolución mediante la cual inhibió la propiedad que el destituido gobernador Jorge Colazo y su esposa, supuestamente le habrían vendido al ex secretario de Obras Públicas, Pedro Bernal, procesado en el marco de la causa que investiga el destino de 550 mil pesos en anticipos que debían ser destinados a obras en edificios policiales pero que nunca se hicieron.
Fuentes judiciales indicaron a el diario que días atrás la jueza Barrionuevo dictó una medida de no innovar respecto de los departamentos que Colazo poseía a nombre de su esposa, Ana Córdoba, en la intersección de las calles Fray Justo Santa María de Oro y Jujuy de la ciudad de Río Grande. La medida se adoptó porque apareció en la Fiscalía de Estado un boleto de compraventa en el que Córdoba, con el consentimiento conyugal de Colazo, le vendió a Bernal la propiedad en 200 mil pesos.
Teniendo en cuenta que Barrionuevo no pudo concretar un segundo embargo sobre los vienes del funcionario colacista, cuando lo procesó por peculado, ya que supuestamente no tenía nada a su nombre, al enterarse de que había adquirido una propiedad en 200 mil pesos, inmediatamente dictó la medida de no innovar para evitar que el inmueble sea vendido a otra persona. El mismo acto dictó sobre la vivienda que Bernal tiene en el barrio Malvinas de Ushuaia, informaron las fuentes consultadas.
De esta manera, el bien del funcionario de Obras Públicas, comprado a Colazo en medio de una negociación muy sospechosa, ya que el boleto fue presentado al fiscal de Estado, Virgilio Martínez de Sucre, como justificación del ex mandatario en la investigación de su incremento patrimonial, quedó inhibido y a su vez fue puesto en conocimiento del Registro de la Propiedad Inmueble de la provincia.
Esto significa que más allá de que el bien pueda ser vendido a otra persona, a través de un boleto de compraventa, el mismo no podrá ser registrado por encontrarse prácticamente embargado por la Justicia. Es así que de suceder una operación de esta naturaleza, la misma será discutible y hasta podría carecer de validez en un eventual pleito judicial, a punto tal de que podría configurarse un presunto delito de estafa si se vende a un tercero que no conocía de la situación.
Según figura en el boleto de compraventa, Bernal entregó a la familia Colazo 50 mil pesos en efectivo y se comprometió a saldar los otros 150 mil, en treinta cuotas consecutivas de 5 mil pesos.
