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n un todo de acuerdo con los principios establecidos por los Tratados Internacionales, la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, se presentó ayer en la Legislatura un proyecto de ley que busca modificar el artículo 11 de la ley 263, para habilitar la agremiación del personal policial pero con expresa limitación del derecho a huelga como herramienta de reclamo.
La ley orgánica de la Policía fue sancionada a fines de 1995, y vedó de manera expresa la posibilidad de sindicalización, al establecer que "el personal policial en actividad debe abstenerse de toda participación en actividades políticas o gremiales", y contemplar que toda "trasgresión" a la norma podrá determinar "la inmediata baja de la institución policial".
La modificación que ha sido propuesta al Parlamento mantiene la prohibición de que el personal tenga participación "en actividades políticas o partidarias", pero hace extensiva esa disposición a la posibilidad "de integrar, participar o adherir al accionar de entidades civiles, culturales, gremiales o religiosas que atenten contra el orden democrático, la tradición, la Institución, la Patria y sus símbolos".
De esta manera, se pretende dejar sin efecto la negativa legal a la posibilidad de agremiarse fijada en la ley todavía vigente. Pero, a diferencia de lo que ocurre con la actividad sindical en otras áreas, tanto del sector público como privado, la sindicalización del personal contempla, a tono con los tratados y convenciones internacionales en la materia, la expresa limitación del derecho de huelga.
Para los autores de la iniciativa "la agremiación promoverá el mejoramiento de las condiciones de vida y laborales de los trabajadores policiales", a la vez que aseguran que no existe "contradicción o incompatibilidad entre los fines y objetivos de la sindicalización y los del Estado Provincial que los emplea, y de la Investidura de Policía de la Provincia en particular".
Sostienen que la prohibición de agremiación policial vigente en la provincia responde a principios de "antiguas doctrinas de seguridad completamente anacrónicas en estos tiempos que corren", que "sostienen que el personal policial no debe agremiarse debido a que portan armas y ello se traduciría en un riesgo para la seguridad" ante potenciales reclamos del sector. Los impulsores de la reforma aseguran que por el contrario la agremiación de la Policía "resulta mucho más consecuente con la seguridad", ya que de esa manera "quedarían reglamentados con claridad el ejercicio de los derechos laborales que les han sido reconocidos por la carta magna y por los Tratados Internacionales" como así también "el modo y la forma en que deberán canalizarse los reclamos laborales de que se trate".
En los fundamentos de la propuesta se reseña que en la Argentina son numerosas las policías provinciales, incluida la Policía Federal, que han solicitado la personería jurídica para agremiarse y que está pendiente la aprobación de los respectivos sindicatos.
Para finalizar, se destaca la conveniencia de "dejar previsto de manera expresa el derecho a agremiarse con la autolimitación del derecho de huelga dada la especificidad y la naturaleza que lleva a cabo el personal policial".
El proyecto en cuestión recién tomará estado parlamentario durante la sesión ordinaria del próximo jueves, oportunidad en la que seguramente será remitido para su estudio a la comisión de seguridad, que preside el mopofista Roberto Frate.
Teniendo en cuenta que durante el día de hoy se estarían formalizando una serie de presentaciones ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo en las que se cuestionaría tanto la legalidad del artículo 11 de la ley 263 como las sanciones que, en cumplimiento de la misma, habrían sido aplicadas a algunos efectivos de la Policía fueguina.