a Legislatura resolvió por unanimidad modificar la ley de funcionamiento del Fondo Residual y la de creación del Tribunal de Cuentas. Además se aprobó más de una docena de pedidos de informes dirigidos a diversas áreas del Gobierno.
En tanto, no prosperó un nuevo intento de la bancada del ARI por lograr que los integrantes de los bloques mayoritarios respaldaran la incorporación de criterios objetivos para la selección de jueces en el Consejo de la Magistratura.
El escándalo de esta 5ª sesión del año lo protagonizó el ahora oficialista disidente Luis Velásquez, al acusar al justicialista Rubén Sciutto de haber pedido licencia para poder trasladarse a Alemania a presenciar el mundial de fútbol.
La próxima sesión se acordó para el jueves 29 de junio.
Fondo Residual, sobre tablas
A pesar de que no estaba contemplado en el Orden del Día, a instancias del arista José Martínez la Cámara legislativa dispuso, en votación unánime, modificar parte de la ley de funcionamiento del cuestionado Fondo Residual. En concreto, se aprobó un nuevo régimen de remuneración para el administrador de este ente, limitando el haber al 80% del que percibe el Gobernador. Además, fueron derogados los artículos 26 y 27 de la ley 586 que habilitaban a que el titular del Fondo percibiría del propio organismo una retribución extra del propio organismo, equivalente al 10% del monto de los acuerdos extrajudiciales y de otro 5% del mismo total pero de parte del deudor.
Martínez argumentó que a partir de la sanción del régimen de flexibilización para la cancelación de deudores del Fondo Residual, que estableció el mecanismo de recálculo de la deuda, la tasa de interés a aplicar y el plazo de pago, resultaba por demás injustificado que se contemplara un incentivo económico para el Administrado del Fondo por las deudas recuperadas.
Tras la votación favorable, José Martínez resaltó la necesidad de informar adecuadamente sobre los alcances de la nueva ley a los deudores del Fondo, para que estos aguarden hasta al entrada en vigencia de la modificación aprobada ayer para recién entonces acogerse al nuevo régimen de cancelación. La importancia radica en el hecho de que las operaciones de cancelación de deuda acordadas con anterioridad a la publicación de la ley en el Boletín Oficial, estarán alcanzadas por el pago de la retribución adicional al Administrador del Fondo Residual. En tanto, aquellas que sean concretadas una vez publicada la ley se verán exentas de la misma.
Otra de las leyes modificadas en la sesión de ayer fue la de creación del Tribunal de Cuentas. Por impulso del mopofista Löffler se aprobó la reforma del artículo 21 de la ley 50, que había solicitado oportunamente el personal del órgano de control al Parlamento. La nueva norma permitirá que el cuerpo de auditores del Tribunal sea integrado por profesionales de distintas disciplinas del conocimiento, y no –como contemplaba la ley en cuestión– únicamente por profesionales de la ciencias económicas.
Criterios objetivos o judicialización de las designaciones
Como viene sucediendo desde el inicio mismo de la gestión de los actuales parlamentarios, ayer el bloque del ARI volvió a fracasar en su intento por lograr que la Legislatura abriera el debate en torno a la necesidad y conveniencia de que el Consejo de la Magistratura adopte criterio objetivos de evaluación y selección de jueces.
Raimbault pretendió sin éxito que se tratara sobre tablas una resolución mediante la que la Legislatura instruía a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura (la justicialista Lanzares y el mopofista Frate) para que ese cuerpo adoptara criterios objetivos en el ya lanzado proceso de selección para la cobertura del cargo de ministro de la Corte fueguina. La propuesta chocó de plano con la cerrada negativa de los legisladores del MPF y el PJ, por lo que no prosperó. El arista afirmó que el mantenimiento del mecanismo totalmente arbitrario en vigencia generará la judicialización de las designaciones de los magistrados, ya que existe un fallo de la Suprema Corte que habilitó la vía judicial en ese tipo de casos.
Incluso adelantó que la próxima semana él mismo podrá estar concretando una presentación ante la Justicia fueguina para objetar el sistema de selección utilizado en el Consejo de la Magistratura. También fracasó en su intento de que se aprobara un pedido de pronto despacho a las comisiones de legislación general y de justicia para que agilicen el tratamiento de los proyectos de modificación a la ley de funcionamiento del cuerpo encargado de la selección de jueces.
Velásquez y el pedido de paradero sobre los Sciutto
El intermitente oficialista Luis Velásquez reclamó en tono destemplado conocer la razón por la cuál el legislador Rubén Sciutto no participó de la sesión ayer. Igual reclamo formuló respecto de la ausencia del Secretario Administrativo del cuerpo, Gerardo Sciutto.
Ni bien iniciada la sesión se informó que los legisladores Portela, Bericua y Sciutto habían presentado pedidos de licencia, por lo que Velásquez pidió conocer los motivos de esos pedidos. El de Portela se explicó que estaba vinculado con las gestiones que está desarrollando ante autoridades de la Chancillería; en tanto que la ausencia de Bericua era por enfermedad. Respecto de la de Sciutto se mencionó que respondía a razones personales.
Velásquez consideró infundado ese pedido de licencia, por lo que exigió a sus pares el rechazo de la misma, para evitar así que la Legislatura sea cómplice de quien prefiere "el deporte a legislar". Afirmó que "todo el pueblo sabe que Sciutto se fue a ver el Mundial" y que por ello la licencia debía ser rechazada. Infructuosos resultaron los intentos por hacerle entender que al licencia no podía ser rechazada, y que en todo caso el cuerpo debía resolver si la mima se concedía con o sin goce de dieta. Para definir ese aspecto, se giró a comisión el pedido del parlamentario justicialista. Velásquez también solicitó precisiones sobre la ausencia del Secretario Administrativo, el que pidió a la presidencia de la Cámara licencia hasta el 16 de junio. A entender del radical la ausencia de Gerardo Sciutto sin autorización del cuerpo era motivo suficiente para que se procediera a su remoción inmediata. Como en el caso anterior el tema fue enviado a comisión par su estudio.
Tal vez sin quererlo, Velásquez dejó sentadas las bases para que dentro del Parlamento se abra el debate en torno a la validez de las justificaciones por las ausencias de los legisladores a las sesiones o reuniones de comisión, como así también sobre el uso que se hace de pasajes y viáticos.
