a presidenta de la Fundación Finisterrae, Graciela Ramaciotti, repudió la ley de la emergencia laboral y productiva que beneficiará a los empresarios ligados a la explotación del bosque y la turba, luego de las intensas lluvias que ocasionaron, hace dos semanas, desbordes de ríos, cortes de ruta y afectaron de lleno a esa actividad productiva. La mujer acusó que en lugar de velar por la regulación de los recursos naturales, "los legisladores decidieron declarar una reemergencia forestal y minera, para dar un subsidio a quienes, justamente, no dejan de cortar ni extraer la turba y tienen parte de responsabilidad sobre lo sucedido", dijo. Amplió sus explicaciones diciendo que muchos de los beneficiarios "son deudores de infracciones, que no cumplen con las leyes y no pagaron los aforos que son mínimos".
En ese sentido, la referente de la ONG ambientalista apuntó que Tierra del Fuego está transitando por un episodio especial que debe ser motivo de reflexión. Se refirió a los cambio climáticos globales, pero también a las prácticas "desafortunadas" que contribuyen a que las consecuencias sean aún más graves; entre ellas, la deforestación, la terrible explotación y abuso de los turbales y los defectos del proyecto de la construcción de la ruta nacional Nº 3.
Un fin incierto
En diálogo con el diario del Fin del Mundo, la entrevistada consideró que existe un agravante más en este delicado panorama, al remarcar que el Gobierno nacional envió un millón de pesos de los cuales –sostuvo– no serán gastados en tal emergencia; y tendrán un destino incierto, justamente, en vísperas de las cuantiosas campañas electorales que deben ser financiadas.
Por último, Ramaciotti instó en que "los ciudadanos debemos exigir transparencia, presionar para corregir el uso de nuestros recursos naturales, y tenemos que saber cómo se usará ese dinero", aunque reconoció que al fin de cuentas se intenten desviar las indagatorias de los ciudadanos.
