l constitucionalista Daniel Sabsay cuestionó la ausencia de independencia judicial en nuestro país y criticó la falta de transparencia en la designación de los jueces en Tierra del Fuego.
El abogado que disertó sobre "La independencia de la Justicia y los derechos humanos" en la Biblioteca Popular Sarmiento de Ushuaia, el viernes pasado, expresó que todavía hay serias deficiencias en la Justicia de nuestro país porque tiene una excesiva vinculación con el poder político. Sobre los derechos humanos consideró que hubo un salto importante en la administración Kirchner pero restan algunas cosas por cambiar.
Con respecto al Poder Judicial fueguino explicó a el diario del Fin del Mundo que "es un poder judicial muy deficiente y si bien hay magistrados dignos de resaltar, el sistema de designación de los jueces es más que deficiente". Consideró que el Consejo de la Magistratura "está desequilibrado en su composición con una exceso de representantes políticos, no existen concursos para acceder a los cargos, las decisiones se toman sin fundamentación y no hay transparencia ni información de cómo se van lleva a cabo los distintos actos".
Al respecto, señaló que la deficiencia "repercute en el procedimiento de institución y permite que una persona como De Gamas Soler continúe siendo juez cuando debió ser indagado por todas las acusaciones de que es objeto y que ponen en tela de juicio su conducta en el juicio a la investigación sobre el atentado a la AMIA", cuestionó el doctor Sabsay.
El constitucionalista consideró que la consolidación de una Justicia independiente es un tema que se hace esperar en nuestro país: "Vemos que hay intentos por mejorarla pero todavía encontramos serías deficiencias en el Poder Judicial, porque todavía tiene una excesiva vinculación con los poderes políticos".
Asimismo, mencionó que "la idoneidad de los magistrados, a veces, desde el punto de vista técnico no es la deseada", y además puntualizó que no hay una formación permanente que consolide un conocimiento actualizado en tantos temas novedosos que requieren para una formación permanente que necesita el magistrado.
El doctor Sabsay cuestionó que se esté incumpliendo el decreto nacional 222, de junio de 2003, del mismo presidente Kirchner, que determina una serie de requisitos para la postulación de los miembros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación.
Inclusive aclaró que se debe tener en cuenta la participación de la ciudadanía en los comentarios y observaciones sobre la personalidad de quienes son propuestos y por eso se ha dado en llamar el decreto de autolimitación de las facultades del Presidente en este tipo de actos y al mismo tiempo establece plazos claros y cortos para cubrir las vacantes que se producen.
En tal sentido, recordó que los dos últimos casos, de la remoción del doctor Antonio Boggiano y la renuncia del doctor Augusto Belluccio, se cumplirá un año en que se incumplen los plazos determinados en el decreto; "esto es un muy mal síntoma", opinó el abogado.
Con respecto a los derechos humanos afirmó que hubo una avance y esfuerzo por revisar lo que ocurrió en el pasado con al última dictadura militar donde fueron avasallados los derechos fundamentales. El profesional reconoció que en materia de derechos humanos hubo un salto cualitativo importante en la administración Kirchner porque hubo una revalorización por la memoria y se pudo realizar a través de una jurisprudencia novedosa que permitió derribar todos los obstáculos para el enjuiciamiento de los responsables de lo ocurrido en la última dictadura.
Carencias
En lo que se refiere a los derechos económicos y sociales, consideró que hay carencias de alimentación, de vivienda, en salud y en la educación. "Es evidente lo que prescriben las Constituciones Nacionales y Provinciales, mas los tratados internacionales son observados en una medida mínima", enfatizó Sabsay a el diario del Fin del Mundo.
El reconocido constitucionalista también señaló que la seguridad personal y en particular de quienes integran las clases más bajas "es un aspecto muy alarmante, porque las políticas y las culturas de las fuerzas de seguridad de gatillo fácil y con un sistema carcelario colmado lleva a que veamos una situación sumamente grave en el goce de los derechos fundamentales por parte de los integrantes de estos lugares".
Por otra parte, sostuvo que el auge de la delincuencia es una resultante de una distribución económica muy deficiente y lleva a que las clases altas se vean amenazadas, con secuestros, y frente a ello se observa una Justicia colapsada y no siempre bien dotada en recursos, hace lo que puede pero no responde totalmente a lo que la ciudadanía espera.
En tal sentido, consideró que se puede revertir la situación con prevención y a través de reformas coherentes porque "todas las reformas que se hicieron al Código Penal como una suerte de emparches no sólo no han servido sino que han tornado al Código Penal en una norma totalmente contradictoria llena de lagunas y desequilibrios".
También indicó que es necesario aplicar políticas públicas activas que repercutan en el comportamiento de las personas y prevengan la posibilidad de recurrencia a estos hechos, y además, "es necesario realizar la reforma judicial dotando al Poder Judicial de los recursos y de las distintas herramientas procesales para poder llevar a cabo una tarea tan dificultosa".
