l Subsecretario de Recursos Naturales de la Provincia, Rubén Cerezani, precisó que para la distribución del subsidio no reintegrable de 1 millón de pesos destinado a atender la emergencia laboral y productiva generada por las inundaciones en los sectores maderero y minero, se acordó un mecanismo que contempla la envergadura productiva y el número de puestos de trabajo que cada uno de esos emprendimientos genera.
Señaló que por tal motivo se dará un tratamiento diferente a los obrajeros –emprendimientos de mayores dimensiones– y a los pequeños productores.
Para el caso de los obrajeros se acordó entregar un subsidio de 1300 pesos mensuales por trabajador legalmente registrado al 30 de junio de este año. En tanto, para los pequeños productores se fijaron dos categorías en función a su capacidad de volumen de trabajo. Aquellos emprendimientos con una producción de entre 600 a 750 metros cúbicos recibirán un subsidio de 7000 pesos cada 30 días, en tanto que los que estén por debajo de ese nivel percibirán 2700 pesos.
Cerezani indicó que "tal lo determina la ley 708, que fue promulgada el 20 de julio, este subsidio no es generalizado ni automático". Explicó que para acceder al beneficio "los interesados deben demostrar su situación de paro productivo, y para ello deberán presentar una declaración jurada que justifique esa circunstancia". Cumplido ese trámite, desde "Recursos Naturales se realizará la correspondiente inspección para constatar el paro productivo denunciado y recién entonces se liberará el pago del subsidio que corresponda". El funcionario precisó que el aporte no reintegrable otorgado a cada productor será autorizado por 30 días, con posibilidad de ser prorrogado por otros 30 días, y hasta un máximo de 90 días si es que se mantienen vigentes las condiciones que justifican el paro productivo.
El decreto reglamentario de la ley 708 –publicada en le Boletín Oficial 2169, del miércoles 26 de julio– recién se estaría firmando el próximo lunes 31, por lo que recién el martes 1 de agosto estaría en condiciones de llevarse a la práctica la asistencia financiera contemplada en la mencionada norma.
Datos extraoficiales estiman que, en esta época del año, el personal afectado a la actividad forestal y turbera rondaría las 450 personas, de las cuales solamente un 50% se encontraría en situación de paro productivo. En razón de ello, el millón de pesos de los CRECE que la Legislatura autorizó al Gobierno a utilizar para atender esta emergencia resultaría suficiente, por lo que no sería necesario solicitar una ampliación de ese monto. Ello, siempre y cuando no cambien de manera radical las condiciones climáticas.
