l reinicio de la 9 sesión ordinaria tendrá como una sus principales novedades la pretensión de la bancada del ARI de lograr el respaldo mayoritario para aprobar un proyecto solicitando al Gobierno deje sin efecto la trasferencia de títulos públicos al IPAUSS, por considerar que con ello se viola la ley 676, de reconocimiento de la deuda histórica previsional.
Además, durante la mañana de hoy resultarían aprobadas la ley provincial de cunicultura y una modificación al presupuesto 2006 del Instituto Provincial de la Vivienda.
La continuidad de la 9ª sesión, que pasó a cuarto intermedio a mediados del mes pasado, tendrá como característica saliente el fuerte dispositivo de seguridad que se implementará –para prevenir que se reiteren los desmanes registrados hace 20 días– y el estricto control de ingreso al recinto, ya que la cantidad de público estará limitada a 40 personas.
El pago en bonos es ilegal
El pasado 26 de septiembre el gobernador Cóccaro dictó el decreto 3702/06, mediante el cual autorizó "la transferencia al Instituto Provincial Autárquico Unificado de la Seguridad Social de los títulos públicos por un valor de $ 11.230.937,05, puestos a disposición por el Administrador del Fondo Residual Ley 478 mediante Acta N° 160", para ser "imputados a la cancelación de la deuda establecida en la Ley Provincial 676". Al día siguiente, y en un todo de acuerdo con esa autorización, el Ministro de Economía y la Presidenta del IPAUSS suscribieron un acuerdo judicial en le que quedó asentado que parte de la deuda originada en el incumplimiento de la ley 676 sería cancelada mediante la entrega de 11,2 millones de pesos en títulos públicos.
Desde el bloque del ARI se reputa ese mecanismo de cancelación como franca y abiertamente violatorio de la mencionada ley, ya que en ella se determina que el Gobierno cede "en forma irrevocable la parte de sus recursos de la Coparticipación Federal de Impuestos establecidos por la Ley nacional 23.548 y sus modificatorias o del régimen que lo sustituya, necesaria para la cancelación total" de cada una de las obligaciones de pago mensual fijadas en la norma.
Pero aún más grave, sostienen que parte de los títulos públicos "que el Ejecutivo Provincial pretende transferir al IPAUSS (...) no son propiedad del Fondo Residual", ya que habían sido entregados en parte de pago de una operación de venta de cartera que fue dejada sin efecto por lo "deben ser devueltos a quien los dio en pago por un bien que ya no revista en su patrimonio". Incluso agregan que debería evaluarse "si no corresponde denunciar" la trasferencia de esos títulos al IPAUSS "como presunto delito de estelionato (el art. 173 inc. 9 del Código Penal reprime al que vendiere como propios bienes ajenos)".
Por ello, hoy solicitarán el tratamiento sobre tablas de un proyecto de Resolución por el que se "rechaza el Decreto 3702/06 del Poder Ejecutivo Provincial, por el cual se autoriza la transferencia al IPAUSS de la suma de $ 11.230.937,05 en títulos públicos del Fondo Residual Ley 478, pretendiendo imputar dicha suma a la cancelación de parte de la deuda liquidada por ley provincial 676", y se "exhorta al Poder Ejecutivo Provincial proceda a la inmediata derogación del Decreto 3702/06".
