n cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, la Legislatura deberá resolver en comisión plenaria si presta o no acuerdo a una operación de cancelación de una deuda con el Fondo Residual de más de 3 millones de pesos, mediante la dación en pago del centro invernal "Valle de los Huskies".
En la ley 692 –que estableció la vigencia de un Régimen Transitorio de Regularización de Deudas destinado a la refinanciación de los créditos transferidos al Fondo Residual Ley 478– se determinó, en el inciso f del artículo 1 de la norma sancionada en abril de este año, que los convenios de pago de deudas de más de un millón de pesos debían contar con acuerdo legislativo previo. Por ello, desde el Fondo Residual se remitió al Parlamento la documentación referida al tema, para que la Legislatura apruebe o rechace esta posible operatoria de cancelación.
Desde la bancada del ARI se puso de manifiesto su oposición al convenio de pago, sustentando, entre otros argumentos, que las tierras que se pretenden dar en pago fueron adquiridas al Estado hace menos de 10 años atrás, por lo que por Constitución no estarían en condiciones de ser negociadas por su titular, e incluso se radicó una presentación ante la justicia para que se investigue esa operatoria.
Para el Administrador del Fondo Residual, Leonardo Plasenzotti, la propuesta de pago en cuestión resultaría sumamente beneficiosa para el organismo a su cargo. Señala que el grupo empresario deudor se encuentra "en proceso de concurso de acreedores", por lo que se corre el riego de que un acuerdo de pago en sede judicial implique "una posible quita de capital e intereses", y ello constituya un perjuicio innecesario, máxime cuando existe la oferta de cancelación de la deuda en base a la dación en pago mencionada.
Una vez finalizado este plenario será la comisión de legislación general la que dé continuidad a la actividad legislativa. Está previsto que la comisión que preside el justicialista Carlos Saladino se dé tratamiento a un proyecto de modificación de la ley orgánica del Poder Judicial, que ya cuenta con dictamen favorable de la comisión de cabecera. En concreto, la propuesta autoriza que en 2007 se creen dos nuevos juzgados de Minoridad y Familia, uno en cada ciudad, y la consecuente afectación presupuestaria. Además determina un nuevo régimen de reemplazos y subrogancias para los jueces de los Tribunales de Juicio. Todo hace suponer que este asunto no generará objeción alguna, por lo que quedaría expedita a vía para su aprobación.