l tratamiento presupuestario del Municipio y varios capítulos respecto al funcionamiento del Concejo Deliberante, que merecieron una ardua discusión, fueron los temas principales sancionados durante esta semana por la Convención Constituyente municipal, la que lleva adelante las sesiones oficiales aprobando de manera definitiva el articulado de la Carta Orgánica para Río Grande.
El primero de los temas debatidos fue el capítulo en el que se establece el futuro régimen económico y financiero del municipio, el que determinó como fecha límite para la presentación del proyecto de presupuesto para el siguiente año el 30 de septiembre teniendo los concejales, hasta el 1º de diciembre para su aprobación. Superada esta fecha, se declara el tratamiento de urgencia del proyecto, teniendo 45 días finales para su aprobación, por lo que si el presupuesto no es aprobado antes del 15 de enero siguiente, la norma será promulgada de hecho.
Respecto a este tratamiento, el convencional Gabriel Clementino manifestó que "el presupuesto es la mayor herramienta financiera y de gestión que tiene un municipio y que no puede estar supeditado a los intereses políticos porque da inseguridad jurídica y financiera, por eso el trámite de urgencia no tiene que ser voluntad del Intendente sino que lo planteamos en forma automática después de 60 días", afirmó Clementino, el que consideró concluida la especulación política en torno al presupuesto.
Por otra parte, el Concejo Deliberante deberá resolver junto al Juzgado de Faltas y el Tribunal de Cuentas los montos presupuestarios que corresponderán a los mencionados organismos para su funcionamiento, partiendo de la base de un 8 por ciento del total del presupuesto municipal.
La polémica por los vetos
La discusión más áspera de la jornada de ayer se centró en lo referente al veto de las normativas surgidas desde el Concejo Deliberante, dado que en la redacción propuesta se incorporaba la posibilidad de que el Ejecutivo municipal pueda llamar a referéndum popular, para resolver las ordenanzas que después de vetadas sean insistidas por el Concejo Deliberante.
La convencional Fabiana Ríos, si bien reconoció que es buena la participación ciudadana, indicó que "nos parece que el mecanismo que se pretende impulsar institucionaliza a la gente como referí en un conflicto de poderes. Es negarle la facultad legislativa al Concejo Deliberante", y propuso "que al aprobarse un proyecto de ordenanza pase al Ejecutivo para su promulgación y publicación, vetado total o parcialmente vuelve con sus objeciones al Concejo Deliberante y si se insiste con los dos tercios de los miembros presentes, el Proyecto queda confirmado", trámite que actualmente se sigue en todas las normativas surgidas desde el deliberativo riograndese.
Concejales presenciaron la sesión
Concejales de Río Grande presenciaron las últimas dos sesiones de la Convención, atentos al malestar que habían generado algunas de las normativas que se tratarían. En este sentido, la concejal María Paz manifestó que la resolución de la insistencia de un veto mediante el referéndum "es insólita, ya que se tendría que someter al pueblo a un referéndum constante para poder aprobar una ordenanza que esté en oposición al Ejecutivo".
En tanto que las restricciones para entregar subsidios impuesta a los ediles merecieron la opinión de María Paula Fiorito, quien indicó estar de acuerdo que esta responsabilidad pase a la secretaría municipal correspondiente, aunque indicó que esto no asegura que se termine con el clientelismo político, esperando que "esta limitación que han hecho los convencionales al Concejo Deliberante no termine en un sistema de beneficios para los afiliados al partido político del Intendente".
