a Asociación de Taxis de Ushuaia manifestó su malestar por controles que realiza la Dirección de Transporte Provincial. Sostienen que cuando salen de la ciudad transportando turistas se les pide tener el reloj de precios prendido y que esta exigencia se enmarca en un convenio firmado con el Municipio, el cual consideran inconstitucional. Señalan que la medida aplicada por Gobierno perjudica a la actividad y que hay un interés político.
Para los choferes el nuevo requerimiento tiene que ver con "presiones de parte de las grandes agencias de viajes". El presidente de la Asociación de taxis de Ushuaia, Mario Miraglia, dijo que es "la gente la que debe sentirse perjudicada, pero nosotros no somos la competencia, como para que se hagan estas presiones". Y agregó que "en el ámbito de las conversaciones que se dieron en el Concejo Deliberante, esto mismo lo expuso la gente de Transporte municipal, cuando dijo que si nosotros salimos como pretendemos salir, que en realidad es como siempre salimos, iba a haber conflicto con la gente del InFueTur o de las agencias de viajes".
La condición de tener la tiquetera prendida al momento trasladarse fuera del ejido urbano no estaba vigente en la temporada pasada y los trabajadores del volante argumentan que genera un daño a la prestación del servicio. "Nos están pidiendo que estemos funcionando con reloj, cuando nosotros en realidad salimos con viajes en los cuales se pacta un precio en el cual nosotros hacemos una diferencia, no mayor, sino que es una bonificación al pasajero, y no entendemos por qué eso se vería alterado", dijo Miraglia. Y agregó que la constitución nacional y la ley de provincial de transporte Nº 364, los habilita a salir del ejido urbano "sin ningún tipo de problema, cumpliendo con los requisitos mínimos que hay que cumplir". Además, remarcó que la Dirección de Transporte de la Provincia no está facultada para efectuar los controles que ahora se adjudica, ya que esa tarea la tendrían que llevar a cabo los inspectores municipales.
"Hoy en vez de pedirnos un seguro, la cédula de conducir, la libreta del taxi, las luces en condiciones, balizas, matafuegos, RTO, el carnet habilitante y todo lo que se le pide a cualquier transporte, nos controlan si tenemos puesto el reloj o no, entonces se están tomando una atribución que no corresponde", destacó el titular de la asociación, asegurando que el convenio firmado con el municipio carece de constitucionalidad, ya que "es una jurisdicción metiéndose en la jurisdicción de otra".
Por su parte, el concejal del MPF Miguel Recchia anunció que hoy se realizará una reunión entre taxistas, los ediles y representantes de las dependencias provinciales y municipales, con el fin de lograr una salida al conflicto antes del 22 de noviembre, fecha en que llegará otro barco de gran dimensión a la ciudad.
"Los taxistas han manifestado que hay como una especie de persecución hacia el sector y queremos conversar sobre esto, para ver si podemos consensuar una norma", dijo el edil, y remarcó que "la discusión está en cómo se va a regularizar este servicio fuera del ejido urbano, para que cualquier turista tenga el derecho de tomarse un taxi, como en cualquier parte del mundo".
