n el entendimiento de que los acuerdos de pago de deudas tributarias firmados por el Gobierno con las empresas YPF S.A. y con el consorcio integrado Total Austral S.A., Panamerican Sur S.R.L. y Wintershall Energía S.A. pueden resultar lesivos a los intereses provinciales y violatorios de normas constitucionales, los legisladores de ARI Manuel Raimbault y José Carlos Martínez reclamaron a la Fiscalía de Estado realice el control de legalidad de esos actos administrativos. También solicitaron que se someta a ese mismo control, la negativa del Poder Ejecutivo Provincial de coparticipar con los municipios los ingresos provenientes de los acuerdos ante referidos. Por último, solicitan se adopte igual temperamento respecto de los acuerdos de asistencia crediticia para empresa rubricados con un banco privado y de la transferencia de 20 millones de pesos desde el BTF al Banco Macro provenientes de la cuenta "convenio cancelación de deuda sector petrolero".
En la presentación formalizada durante las primeras horas de la tarde de ayer ante la Fiscalía de Estado, los parlamentarios sostienen que en las negociaciones mantenidas entre el Gobierno y las empresas petroleras mencionadas, la provincia "desistió de reclamar alrededor de 40 millones de pesos, sin que la quita se sustente en ley vigente alguna de moratoria o similar". Entienden que esta resignación surge de la diferencia que existe entre los 80 millones de pesos que la Dirección de Rentas liquidara en julio de 2002 a las petroleras por distintas deudas impositivas y los cerca de 41 millones de pesos que terminó percibiendo el Estado a fines del pasado mes de septiembre. Afirman además que esta quita no está sustentada "en ley vigente alguna de moratoria o similar".
Tributos no coparticipados
Otra cuestión que solicitan sea sometida a control de legalidad tiene que ver "con la falta de coparticipación a las municipalidades de los tributos ingresados a las arcas provinciales en virtud de los acuerdos referidos precedentemente".
En el escrito se menciona que el 11 de septiembre de 2006, la Secretaría de Hacienda y Finanzas de la Municipalidad de Ushuaia reclamó a la Dirección General de Rentas de la Provincia "rectificación al resumen mensual de recaudación y se ordene al Banco de la Provincia de Tierra del Fuego el inmediato depósito" de la suma que le correspondía por ley de coparticipación sobre uno de los montos pagados por el consorcio Total, Panamerican y Wintershall. El reclamo fue desechado por el Ministerio de Economía argumentando que la ley de presupuesto preveía "la afectación específica de estos recursos al financiamiento de la salud y la educación". Ello motivó que el Municipio mandara a Gobierno carta documento anunciado la posibilidad llevar su reclamo a los estrados judiciales.
Los legisladores de ARI indican que la ley de presupuesto, mencionada como argumento para rechazar la pretensión municipal, determina que sean "los saldos resultantes de los acuerdos suscriptos entre la Provincia y las empresas petroleras sobre cancelación de deudas tributarias y de regalías por ejercicios anteriores" los que se apliquen al financiamiento de la Salud y la Educación. Y que la referencia a "los saldos permite inferir que las sumas con afectación específica a salud y educación son las que quedan una vez deducidos, de lo recaudado por los conceptos referidos, los recursos destinados al cumplimiento de los acuerdos arribados y lo que como coparticipación corresponda a los municipios". Por lo que se podría estar ante una clara vulneración de la legislación que rige en materia de distribución de recursos a los municipios.
Sustitución de agente financiero y de la caja obligada
Por último, se pretende que la Fiscalía de Estado también analice la legalidad de la colocación financiera concretada por el Gobierno en el Banco Macro para "asegurar y resguardar el pago de los salarios" y el aguinaldo de los empelados públicos, como así también de los convenios de "asistencia crediticia para empresas" acordados entre las partes.
Sostienen que con esas dos decisiones, se habría sustituido al BTF como agente financiero y caja obligada del Gobierno y, por lo tanto, vulnerado principios rectores en la materia contenidos en la Constitución provincial.
