a jueza de instrucción procesó al ex secretario del Fondo Residual por el presunto delito de "supresión de documento", al entender que destruyó dos tasaciones solicitadas en el marco de valuación del Valle de los Huskies con el que el Grupo Galvarini pretende cancelar una deuda millonaria con el Fondo Residual. Por otra parte, sobreseyó al administrador del fondo, Leonardo Plasenzotti, no sólo por la supuesta desaparición de las tasaciones, sino también en la denuncia que efectuara en su contra el legislador del ARI José Martínez por una supuesta maniobra delictiva al aceptar la propuesta de pago de los deudores.
La jueza de instrucción María Cristina Barrionuevo dispuso procesar al ex secretario de Actas del Fondo Residual, Esteban Frontera, en el marco de la denuncia que él mismo había realizado contra el administrador del organismo, Leonardo Plasenzotti, al que acusaba de haber roto dos tasaciones de valuación del Valle de los Huskies. Además la jueza sobreseyó a Plasenzotti en el marco de la misma causa, no sólo por considerar que no hizo desaparecer las tasaciones, sino también por la imputación que le hizo el legislador del ARI, José Martínez, sobre supuestas irregularidades en el marco del ofrecimiento de pago que hizo el grupo Galvarini, al intentar saldar su deuda ofertando el predio turístico.
Para Barrionuevo, la denuncia de Frontera quedó desvirtuada debido a que por declaraciones testimoniales de las inmobiliarias a las que pidieron las tasaciones fueron requeridas por el propio denunciante.
Recordó que Plasenzotti negó haber pedido las tasaciones o haberlas destruido, mientras que Frontera dijo "haber solicitado las tasaciones en cuestión" por indicación del administrador, evaluó la jueza. Además sostiene que las dos tasaciones que no fueron encontradas tras un allanamiento realizado en el Fondo Residual, fueron las que "fueron solicitadas verbalmente por Frontera".
Concretamente, Barrionuevo señala al procesar a Frontera por "supresión de documento", que las tasaciones habrían sido destruidas entre el 23 de agosto de 2006 y el 28 de septiembre de 2006, "fecha esta última en que se descubriera la gran maniobra defraudatoria pergeñada por Frontera consistente en el armado apócrifo de un llamado a concurso de oferentes...".
Se cayó la denuncia de Martínez
Barrionuevo dijo que "el solo informe del Administrador del Fondo Residual, a los fines de elevar a la Legislatura provincial la propuesta de pago realizada por el cliente, de ningún modo puede ser considerado como delictivo, toda vez que el imputado Plasenzotti, una vez que tuvo en su poder toda documentación aportada por el cliente –23 de agosto de 2006– dio cumplimiento a lo que marca la Ley 692". "Es decir, elevó a la Legislatura la propuesta presentada, siendo ello "... un requisito esencial e imprescindible para poder aprobar la propuesta de cancelación de deuda formulada por el deudor", pago que podrá concretarse o no en el futuro", dice la resolución.
Barrionuevo dijo que resultó llamativo lo expresado en una nota por el legislador Martínez, en donde sostiene que "... sin perjuicio de lo expuesto, a todo evento dejo expresamente sentado que, como integrante de la Comisión de Seguimiento del Fondo Residual, rechazo expresa y categóricamente la oferta en cuestión". La jueza recuerda que la ley 692 y lo informado por la legisladora Angélica Guzmán, el acuerdo previo sería de la cámara legislativa y no individual de cada uno de los legisladores que conforman la comisión.
Hay que recordar que Martínez denunció que Plasenzotti había acordado con el grupo Galvarini un "convenio de dación" mediante el cual los deudores ofrecían cancelar una deuda de 3.216.244 pesos con el organismo, ofreciendo el Valle de los Huskies para tal fin. El parlamentario cuestionaba que la Provincia le había vendido el predio en 5000 pesos por ser tierras fiscales y que, a su vez, el inmueble se encontraba en litigio. Por último, cuestionaban que la operación no se podía realizar debido a la inenajenabilidad temporal prevista en la Constitución Provincial.
Incluso el fiscal Mayor, Guillermo Mássimi, entendió y requirió que el hecho fuera investigado por presunta "tentativa" de defraudación al Estado, aunque esto fue totalmente desvirtuado por Barrionuevo, al considerar que la facultad de aprobar el acuerdo de pago era netamente de los legisladores.
