Sesion en el Consejo de la Magistratura

Entrevistarán a los candidatos para cubrir la vacante de juez penal de Río Grande

10/04/2007
L

os integrantes del Consejo de la Magistratura entrevistarán hoy a los tres candidatos para cubrir la vacante del juez de instrucción de primera nominación del Distrito Judicial Norte (Río Grande) como paso previo a la votación que se realizará posiblemente la semana próxima.
Están en carrera la actual secretaria Penal del Juzgado Federal, doctora Cecilia Incardona; el abogado Mariano Sardi; y el actual fiscal de Río Grande, Eduardo López. Éste último tiene las mayores chances de acceder al cargo de juez penal, por los antecedentes y sobre todo por venir de carrera judicial. En los últimos días se bajó del concurso el doctor Julián De Martino, quien en diciembre del año pasado fue elegido defensor oficial y desistió de continuar participando en el concurso.
Vale decir que el cargo está vacante desde hace más de dos años. La primer dificultad resultó ser cuando en agosto de 2003, la doctora Sandra Pesclevi que había sido designada jueza, fue detenida en La Plata días antes de jurar por presunto tráfico de influencias en el juzgado donde se desempeñaba como secretaria. Luego sería sobreseída pero a esa altura el Consejo de la Magistratura había dejado sin efecto su designación.
Luego se convocó a un nuevo concurso, pero durante el transcurso del año pasado se decidió declararlo desierto debido a que ninguno de los candidatos cubrían las expectativas de los consejeros.
Se aguarda que a partir de las 10 de la mañana de hoy se inicie con las entrevistas a los tres candidatos y que finalmente se pueda votar a uno para poder zanjar la delicada situación operativa que atraviesa la justicia de instrucción riograndense en donde un solo juez atiende dos juzgados.

Suárez apura el proyecto de modificación de la 525

El representante de los abogados de Ushuaia en el Consejo de la Magistratura, Oscar Suárez, presentó un escrito en donde solicita a sus pares se dé tratamiento al proyecto de modificación de la ley 525 que regula el sistema de enjuiciamiento de los magistrados. En el proyecto original Suárez planteaba la posibilidad de que el cargo de Fiscal Acusador sea ejercido por un abogado de la matrícula, cuestión que tendría sus reparos dentro del cuerpo. No obstante no descarta la posibilidad en que se vuelva al antiguo sistema en donde ese cargo lo ostentaba un fiscal del Ministerio Público.
Por otra parte, el proyecto tiende -con cierta lógica- imponer un plazo de resolución y prescripción de los jury de enjuiciamiento a los magistrados, que en su momento pretendía 3 años. En la nota presentada ayer se aclara que el plazo de prescripción debería a empezar a correr desde el hecho o acto que se denuncia.
Vale decir que actualmente la ley no tiene un plazo de prescripción como los procesos judiciales ordinarios, lo que implica que muchas veces se especule con el jury en cuanto a su definición, alterando la tranquilidad de espíritu con el que un magistrado debe resolver los procesos que llegan a sus estrados.

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