uego de la reunión que mantuvieron con los miembros del Foro Social y de distintos sectores usurpados de Ushuaia, los concejales anunciaron que se atenderán los casos de extrema necesidad. Adriana Chapperón, del Frente de Unidad Provincial, sostuvo que "desconocer que detrás de estos asentamientos irregulares existe un problema social muy serio es no estar viendo la realidad". Explicó que la intención es poder determinar qué medida se tomará con aquellos que no hayan ocupado por una cuestión de oportunismo.
"El tema no es fácil y evidentemente algunos puntos son difíciles de acordar -mencionó-, pero mayoritariamente lo que hemos decidido es conformar una comisión de trabajo con los vecinos de los lugares ocupados irregularmente, para empezar a trabajar en qué hacemos con estos casos de emergencia social, que en este caso serán desalojados por esta medida judicial, y en tantos otros en los que tal vez los desalojos tarden más, pero que ya están judicializados".
La fupista informó que se deberán abordar distintos aspectos: "dónde van estos vecinos y qué pasa con los servicios esenciales que necesitan, porque hay muchos menores y muchos adultos en riesgo". "El Estado va a tener que de alguna manera auxiliar, porque sino evidentemente no estamos cumpliendo el rol que como estado debemos cumplir, que es estar justamente al lado de la gente que más necesita", remarcó Chapperón. Sin embargo, consideró que no habrá definiciones inmediatas, ya que "evidentemente esto lleva todo un proceso y no se resuelve de un día para el otro".
Acerca de la resolución de la jueza María Cristina Barrionuevo, donde se ordena el desalojo del turbal del barrio Libertador, conocido como 10 de Febrero, expuso que el dictamen se generó en función de una ordenanza aprobada por el cuerpo legislativo.
"Se le dio la instrucción al Ejecutivo de que los espacios verdes sean cercados y custodiados, con lo cual el planteo que se le hizo a la jueza es que aquí se cortó el cerco de ese sector y se ocupó irregularmente, configurando un delito, y es sobre esto sobre lo que se expide la doctora Barrionuevo", puntualizó.
| El MPF, conforme con el bono de gas El mopofista Pablo Wolaniuk vio de buena manera que la Provincia entregue un subsidio de gas para los casos sociales en las zonas intrusadas. Sostuvo que "la cuestión no es atentar contra el derecho que tiene cada ciudadano de tener condiciones dignas, lo que sí está claro es que nosotros no podemos legitimar esa ocupación, si justamente, ante una denuncia de los propios vecinos del barrio, el propio Concejo le pide al Ejecutivo que cerque este sitio para que una vez cercado no pueda ser ocupado, porque si es ocupado configura un delito; pero fue ocupado y la justicia actúa en ese sentido, y no podemos ser nosotros los que decimos que esto ahora no se haga, porque sería borrar con el codo lo que se escribe con la mano y creo que hay que ser coherente". |
