a jueza de Instrucción de Segunda Nominación de Ushuaia, María Cristina Barrionuevo, sobreseyó al ex presidente de la Dirección Provincial de Puertos durante la gestión Colazo, Eduardo Cóppola, en el marco de la denuncia donde se investigaba la designación de personal de seguridad en la estación portuaria durante el año 2004.
Barrionuevo resolvió sobreseer a Cóppola el jueves último aunque no fue el único que resultó sin responsabilidad penal para la magistrada. También fueron sobreseídos los funcionarios en ese entonces, Luis Adolfo Castillo, Víctor Mario Santángelo y José Salvador De Gaetano. Éste último se desempeña actualmente como vicepresidente de la Dirección Provincial de Puertos.
La causa se inició en diciembre de 2004 a partir de una denuncia del empresario portuario Jorge Lechman. Concretamente se cuestionaba la contratación de personal que supuestamente no cumplían con los requisitos legales correspondientes para desempeñarse como agentes de seguridad portuaria.
Pero Lechman había denunciado además que el 2 de septiembre Cóppola solicitó la incorporación a planta permanente de una persona que era beneficiaria del Plan de Entrenamiento Laboral (PEL). Al presentar esta persona el certificado extendido por la policía como requisito solicitado para ingresar a la planta portuaria, se detectó que la misma presentaba antecedentes penales por un delito contra la propiedad. El empresario señalaba además que tras un dictamen legal de la DPP se determinó que estos antecedentes eran contrarios a los requisitos de la ley 22.140, y pese a ello Santángelo, De Gaetano y Castillo propusieron su designación.
En su indagatoria, Cóppola dijo que cuando reemplazó a Caniggia "había objetivos pendientes para realizar que no se habían realizado", y que el más importante era "el cumplimiento de normas de seguridad internacionales dictadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) a raíz del atentado a las Torres Gemelas". Además y si bien el plan de seguridad estaba encaminado "la urgencia por certificar y que el puerto sea declarado seguro era por el inminente comienzo de la temporada de crucero", dijo el ex funcionario colacista. Por esa razón, se puso en marcha el plan de vigilancia y para ello "se debió contratar personal que iba a ser instruido por oficiales de protección de instalaciones portuarias" que son capacitados a su vez por la Prefectura Naval Argentina.
Barrionuevo sostuvo que "estas contrataciones fueron observadas por el Tribunal de Cuentas y en diciembre de 2004 la Legislatura les notifica (a la DPP) que esos contratos debían ser dejados sin efecto, lo que así se hizo a partir del 31 de diciembre de 2004, por lo tanto no se advierte el perjuicio económico para el puerto local como sugiere el denunciante Jorge Lechman; sino todo lo contrario, puesto que de no haberse contratado al personal en cuestión, el puerto no iba a ser autorizado a operar como puerto seguro con todas las consecuencias negativas que ello implicaba en el plano económico y turístico".
En cuanto a la designación del agente de planes en Planta Permanente de la DPP, contando con antecedentes penales, se sobreseyó a Cóppola debido a que éste actuó de acuerdo a lo que le dijo un dictamen de la Secretaría Legal Técnica de Gobierno que lo facultó para designarlo. El dictamen señalaba que hay excepciones que "aconsejan las teorías modernas sobre recuperación de delincuentes por medio del trabajo".
