l Municipio elevó ayer al Concejo Deliberante un proyecto de modificación de la ordenanza Nº 1306, que establece el procedimiento de incautación de vehículos que infrinjan normas de tránsito. Allí se establece que si a los 180 días de secuestrado el vehículo no es retirado por su propietario, el automóvil será declarado, por el Ejecutivo Municipal, en estado de abandono.
En sus fundamentos, el Ejecutivo resalta que la importante cantidad de automóviles incautados y trasladados a la Playa de Incautamiento Provisorio, a cargo de la Policía Provincial, colapsó en su capacidad. A esa situación se llegó producto de los 200 vehículos que no fueron retirados por sus propietarios responsables a pesar el tiempo transcurrido –en algunos casos más de un año–, situación que amerita la toma de distintas acciones a fin de no interrumpir los controles en la vía pública.
La modificación del artículo 3 de la ordenanza prevé que en ningún caso se reintegrará el automóvil sin que previamente el dueño haya abonado los aranceles en concepto de acarreo y de estadía en la playa de incautamiento provisoria.
En el caso de que el vehículo no reúna las condiciones de seguridad o presente fallas de mecanismo, el traslado del automóvil se deberá realizar con el uso de una grúa hasta el taller donde será reparado.
El proyecto que se propicia tiene por objeto dar solución a la actual problemática que se generó a partir de los operativos sistemáticos de control de tránsito dentro del ejido urbano realizados en conjunto con la Policía Provincial y la Dirección Provincial de Transporte, en distintos días y horarios, especialmente durante los fines de semana. Las tareas tuvieron como objetivo prevenir accidentes debido al consumo excesivo de alcohol por parte de los conductores, como así también por no contar con el correspondiente certificado de RTO, o la carencia de las condiciones de seguridad exigidas por la legislación vigente.
A comienzos de esta semana, el subsecretario de Gobierno, Abel Sberna, adelantó que el Municipio estudia implementar una batería de iniciativas para evitar que se repita el episodio ocurrido la madrugada del domingo 20 de marzo, cuando el municipio se vio imposibilitado de incautar vehículos de conductores alcoholizados ante la falta de lugar en la playa de incautamiento.
