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l crecimiento de los asentamientos ilegales en Ushuaia, sumado al explosivo incremento de la población de la ciudad, se tradujo en un aumento en la demanda social hacia el Estado provincial y municipal, que debe a asistir a cientos de familias en situación vulnerable, pese a que el escenario económico del país y la provincia se muestra próspero. Todos los días se entregan dádivas mediante módulos alimentarios, tarjetas sociales y bonos de gas, aunque esta demanda toca fondo en el invierno, cuando la falta de trabajo y alimentos y las inclemencias del clima vulneran aún más a estas franjas de población.
El Subsecretario de Desarrollo Social de la Provincia, Gustavo Basconzuelo, reconoció que con el crecimiento de los asentamientos, las solicitudes "han aumentado considerablemente, sobre todo con la llegada del invierno, cuando hay mayor cantidad de jefes de hogar desocupados, y la llegada de familias nuevas".
Detalló que la dependencia de gobierno provee asistencia alimentaria a alrededor de 130 familias, (ya sea alimentos o tarjetas), y actualmente distribuye gas a 198 casas ubicadas en predios irregulares, mediante tickets. Otro servicio que se facilita es la atención de menores en Centros Infantiles Estatales, a alrededor de 21 niños que pertenecen a estos asentamientos. Asimismo, vale aclarar que hay grupos filiatorios que por la evaluación social reciben uno, dos o tres beneficios
Si bien no hay un relevamiento exacto sobre la cantidad de personas que ocupan predios en forma irregular, estudios previos de organizaciones movilizadas por el reclamo de tierras y viviendas afirman que serían alrededor de 1500 familias. Sin embargo, aquí no hay censo que valga, porque se trata de un población dinámica que tiene una gran movilidad.
A partir de un acta acuerdo rubricada el viernes pasado entre el Municipio capitalino, la secretaria de Desarrollo Social de la Provincia, asentamientos y organismos prestadores de servicios públicos, prontamente comenzarán a suministrar servicios comunitarios como tendidos de luz, canillas, contenedores para residuos y mejoramiento de caminos, aunque los beneficios no otorgarán derecho alguno sobre la tierra. Mediante estas acciones se busca ir paliando la precariedad, y que comience una transición a la aprobación de la Ley de Emergencia Habitacional, que será tratada próximamente por la Legislatura fueguina.

Vista preliminar

Del convenio quedó eximido el asentamiento autodenominado "10 de Febrero", que actualmente se encuentra judicializado por tratarse de un turbal declarado reserva ecológica, que no está contemplado dentro de las zonas urbanizables. Por eso se ordenó un relevamiento social inmediato, con el fin de verificar la cantidad de personas que habitan el sector, que se emplaza en calle Namuncurá y Río Iguazú, y en base a los resultados proponer una posible mejora. Se prevé que en un futuro se propicie un cruce de datos, para investigar quiénes de los ocupantes efectivamente se encuentran en emergencia y descartar que haya especulación con la tierra. En muchos casos se yerguen edificaciones –de incluso escasos dos metros por tres– con soportes de lenga y plásticos que envuelven la estructura, lo que hace prever que nadie podría residir en el lugar.
Resultados preliminares del trabajo de campo pudieron constatar que son 15 ó 16 familias las que residen allí, pese a que los habitantes aducen que son más de 40. Asimismo, se sabe que los grupos varían considerablemente, ya que hay ocupados, desocupados, madres solteras, familias numerosas, y se confirma que, en general, hay una movilidad social muy importante.
En ese sentido, por ser un escenario tan complicado en el que confluyen diferentes vicisitudes, desde el Estado resulta difícil dar respuestas, puesto que hay un gran margen de población que actualmente alquila y también exige una solución al problema habitacional. Ésta es una cuestión que deberá ser central en la agenda pública de las nuevas gestiones de los gobiernos, y todo un desafío por revertir.

Consideraciones

La secretaria de Desarrollo Social de la Municipalidad, Mónica Manzanares, analizó que "el panorama es tan complejo que resulta difícil dar respuestas, por lo que debemos hacerle frente desde diferentes sectores del Estado". Analizó que "es mucha la gente necesitada, que no estaría en condiciones de pagar un alquiler, pero hay personas con ingresos considerables, de Gobierno o el sector privado que en teoría podrían hacerle frente a un alquiler", apuntó la funcionaria sin desconocer que el mercado inmobiliario se encuentra totalmente desrregulado. También repudió que "hay una gran cantidad de casos de personas que han sido titulares de viviendas, y por diferentes circunstancias, las han vendido y han decido intrusar", como así también consideró que "hay mucha especulación, que nada tiene que ver con la necesidad", y observó que " el problema no sólo se soluciona con la entrega de Tierra, porque la mayoría de los casos no están en condiciones de hacerle frente a los gastos de la construcción". Remarcó que la situación social se torna aún más compleja, porque en grupos familiares numerosos, que viven en total hacinamiento, converge un aditamento más, que son los conflictos familiares.

Un problema de difícil solución

Manzanares reconoció que la demanda social por parte de la comunidad capitalina ha aumentado en los últimos meses, sobre todo en relación a temas que hacen a la crisis habitacional. Notó que "hace tres años, la mayor demanda era la falta de empleo, y de ingresos económicos, para lo cual desde el municipio se buscó hacerle frente con la creación de una oficina de empleo y capacitación, que ha dado resultado favorables". No obstante, advirtió que esta asistencia por la crisis "es mucho más complicada, y de ninguna manera podemos resolver al mismo ritmo, por eso seguimos analizando cuáles serían las posibilidades de resolución"