No aprobar las disposiciones del Decreto del Poder Ejecutivo Nº 1876, que reconocen derechos a la empresa EPSUR S.A., relacionados con la exploración y eventual explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos" fue la solicitud hecha por la fórmula electa del ARI a la Legislatura.
En ese mismo proyecto de ley se insta "al Poder Ejecutivo a que respete con especial cuidado el procedimiento de selección por licitación pública, en toda actuación de la Administración que pueda reconocer derechos a particulares, relacionados por cualquier modo con la exploración, explotación, transporte, comercialización e industrialización de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos".
El cuestionamiento está directamente vinculado con la llamativa decisión del Gobierno fueguino de declarar de interés público y provincial el "proyecto de Iniciativa Privada para la Exploración y Eventual Explotación de Hidrocarburos en el Área Cuenca Austral-12", que fuera presentado por la empresa EPSUR S.A.
En el proyecto elaborado por el ARI se observa con tono crítico que "la actuación administrativa fue enmarcada en las disposiciones del régimen de iniciativa privada, instrumentado por el Decreto 2550/06" , ya que se sostiene que "tales previsiones resultan extrañas a la actividad que tiene por objeto el citado proyecto", e interpreta que al estar vigente por ese entonces la ley de creación de RENASA "el análisis del mismo correspondía a la competencia de la sociedad creada por dicha norma", y no a la decisión del Gobernador.
Se alerta que "la declaración de interés público y provincial que motiva esta iniciativa legislativa genera, en beneficio de la empresa EPSUR S.A., beneficios de contenido económico, emergentes de planes de exploración y eventual explotación de hidrocarburos líquidos y gaseosos", ya que "las reglas aplicadas importan, además, preconstituir condiciones y bases licitarias que, como tales, también se encuentran sometidas a la evaluación de la Cámara".
La petrolera EPSUR S.A. estaría vinculada al exitoso empresario santacruceño Lázaro Báez, un ex cadete del Banco de Santa Cruz que es considerado uno de los allegados más estrechos al presidente Néstor Kirchner. Además, tendría relación con la empresa Austral Construcciones, una compañía fundada en mayo de 2003 que ya ganó licitaciones por cerca de $ 3500 millones.
Justamente, Báez fue parte del informe que sobre potenciales irregularidades en Obra Pública realizó tiempo atrás la diputada arista Fabiana Ríos, actual gobernadora electa de la provincia.
