Transicion 2007 - Crisis provincial

Gobierno quiere que la Legislatura declare la emergencia financiera

12/08/2007
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a administración Cóccaro solicitó al Parlamento el visto bueno para que sea aprobado el proyecto de ley de saneamiento financiero y transición que contempla declarar a la Provincia en estado de emergencia financiera. Al amparo de esa declaración se crea el Fondo de Estabilización y Saneamiento Financiero. Además se faculta al Gobierno ha suspender contrataciones, licitaciones y nombramiento de personal por 180 días. Además podrá priorizar el uso de los recursos públicos al pago de salarios, afectando para ello los de libre disponibilidad de la Cuenta Única, limitando el monto de las trasferencias a otros poderes y haciendo uso de los recursos de coparticipación nacional destinados a los entes autárquicos y organismos descentralizados de la provincia, en función de las facultades otorgadas a las provincias en el "Acuerdo Nación–Provincias sobre Relación Financiera y bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos" firmado en febrero de 2002.
El proyecto, que ingresó a la Legislatura el viernes de la semana pasada, propone suspender por 2 años la vigencia de la ley de reconocimiento de la deuda histórica con el sistema previsional fueguino. En cuanto a la deuda corriente acumulada hasta el mes de julio con el organismo de la seguridad social se plantea un convenio de pago en 20 cuotas consecutivas, pagaderas a partir de octubre.
En materia de endeudamiento se plantea la autorización para afectar la coparticipación federal de impuestos para garantizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda financiera y la deuda consolidada; para hacer frente a obligaciones del Tesoro Provincial y a las derivadas de la inversión en obras y servicios públicos, y para constituir fondos anticíclicos o reservas financieras.
Según se afirma en el fundamento del proyecto, el financiamiento reclamado, aunque pueda parecerlo, no apunta a satisfacer gastos corrientes, sino a recuperar recursos corrientes que el Gobierno debió afectar a cancelar deudas de diverso tipo contraídas por gestiones anteriores, obligaciones salariales, como así también a afrontar obligaciones económicas impuestas por diversas leyes aprobadas por la Legislatura.
En ese marco, el Gobierno deberá realizar las adecuaciones sobre el presupuesto 2007, y formular el proyecto de presupuesto 2008, en función de medidas, normas y acciones que procuren el equilibrio presupuestario por vía de la reducción efectiva de los gastos y el incremento de los recursos financieros.

Los fondos del "Fondo"

Para constituir el denominado Fondo Provincia de Estabilización y Saneamiento Financiero, el Gobierno resolvió echar mano a los recursos asignados específicamente para integrar el "Fondo Provincial del Medio Ambiente", el "Fondo para el Desarrollo de los Recursos y Ambientes Naturales"; el "Fondo para el Desarrollo de la Tele–Radiodifusión Provincial" y el "Fondo Social de Reactivación Productiva".
En el caso de los tres primeros fondos mencionados, la afectación de estos se suspende por 180 días, que es el plazo de vigencia dado al Fondo Provincia de Estabilización y Saneamiento Financiero. En tanto que se deroga con carácter permanente la afectación específica del "Fondo de Reactivación", por lo que la operatoria CRECE deberá comenzar a financiarse con el recupero de los préstamos ya otorgados y con aquellos que se asignen por vía presupuestaria.
Hasta ahora los CRECE se financiaban por el producido de la alícuota adicional del 0,5% sobre el Impuesto a los Ingresos Brutos, que se elevaba al 1% en caso de ventas, locaciones o prestaciones de servicios a organismos y dependencias del Estado provincial y municipal; con el aporte o contribución solidaria de autoridades, magistrados y funcionarios provinciales, de un porcentaje de sus remuneraciones no inferior al 5% mensual, y con la contribución solidaria de carácter voluntario del 0,5% de las remuneraciones mensuales de los empleados públicos del Estado provincial.

Créditos por tres

El proyecto gubernamental de saneamiento financiero resulta bastante prolífico en cuanto a los pedidos de autorización para contraer financiamiento bancario.
El primero de ellos contempla instrumentar a través del BTF una operatoria de crédito destinada a "adelantar en un solo pago" el medio aguinaldo de diciembre, afectando en garantía recursos de libre disponibilidad. Si bien no se precisa, el monto involucrado debería rondar cerca de los 35 millones de pesos. Previendo una potencial negativa parlamentaria, la propuesta autoriza a que el sueldo anual complementario y las asignaciones familiares del personal de toda la Administración Central puedan cancelarse hasta en 12 cuotas.
A esa autorización se suma otra por 50 millones de pesos a gestionar ante el Banco Nación para hacer frente al pago de deuda consolidada u obligaciones del Tesoro Provincial. Esta operatoria deberá tener un plazo mínimo de amortización de 4 años.
El tercer pedido faculta al Gobierno a realizar operaciones de crédito apuntadas a reestructurar la deuda pública –estimada en 1200 millones de pesos– "mediante su consolidación, conversión o renegociación en la medida en que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos o intereses de las operaciones originales".
Para poder concretar estas operaciones financieras se solicita autorización para proceder a la cesión en garantía, en fideicomiso, a título oneroso o en cualquier otro carácter de la coparticipación federal de impuestos de la Provincia.

Ninguna autocrítica

No deja de resultar llamativo el nulo nivel de autocrítica del Gobierno al momento de analizar las circunstancias que obligaron a impulsar la sanción de una ley como la presentada al Parlamento mediante el Mensaje Nº 10, del pasado 10 de agosto.
El Gobierno destaca como situaciones que llevaron a las finanzas provinciales a la actual situación el pago parcial de la deuda histórica previsional; el incremento del costo salarial que implicó el Megapase y los acuerdos sectoriales alcanzados a la fecha en distinto sectores de la administración provincial y el cumplimiento de diversas obligaciones derivadas de diversas leyes provinciales. En todos los casos evita mencionar que muchos de esos compromisos fueron avalados, cuando no impulsados, por el propio Cóccaro y sus más estrechos colaboradores técnicos y estrategas políticos, durante el proceso de degradación político–institucional que culminó con la destitución del gobernador Colazo.

Chau adscripciones

En el marco del plan de contención del gasto diseñado por el Poder Ejecutivo, el gobernador Cóccaro resolvió "dejar sin efecto todas las adscripciones del personal que se desempeña en la Administración Pública Provincial". Los agentes alcanzados por tal disposición deberán "reincorporarse a sus jurisdicciones de origen antes del 21 agosto".
La medida no tendrá un impacto económico significativo para las arcas provinciales, pero sí tendrá un efecto benéfico para el reordenamiento funcional de la Administración Pública, ya que permitirá conocer a ciencia cierta la cantidad de agentes que prestan servicios en las distintas dependencias del Estado fueguino.


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